En el inicio de la investigación se detectaron cinco instalaciones clandestinas dedicadas a la gestión ilícita de residuos a lo largo de la isla de Gran Canaria, en las cuales se recogían, almacenaban, manipulaban y cargaban residuos peligrosos de aparatos eléctricos (RAEE´s) para ser trasladados a países africanos, principalmente Mauritania, Nigeria, Ghana y Senegal, desde el puerto de La Luz de la capital grancanaria.
Por ello, los investigadores de Las Palmas realizaron inspecciones y registros que llevaron a intervenir e inmovilizar en origen más de 300 toneladas de estos residuos y 14 contenedores que se encontraban dispuestos para el traslado.
Modus operandi
La organización criminal sustraía los residuos del cauce legal de gestión, para lo que contaban con una supuesta empresa gestora que falsificaba documentos sobre la procedencia y gestión. Estos residuos, que están catalogados como peligrosos, al final de su vida útil tienen que ser entregados a un gestor autorizado para su correcta descontaminación, ya que este tipo de residuos cuentan con componentes que contienen mercurio, plomo, cadmio, arsénico, fósforo y gases que agotan la capa de ozono y afectan al calentamiento global.
En las instalaciones clandestinas ya clausuradas se vendían a los responsables del traslado los residuos, que eran enviados a países africanos haciéndolos pasar por artículos de segunda mano.
En el curso de la investigación se detectó que el envío de un total de 331 contenedores, remitidos de manera ilícita en los últimos dos años al continente africano, había sido gestionado y organizado por las mismas personas que proporcionaban la documentación falsa necesaria para hacer pasar los residuos por artículos que habían sido sometidos a un proceso de descontaminación y reutilización.
De igual forma, se falsificaba la procedencia de los residuos, omitiendo que salían de las instalaciones clandestinas, para lo cual se falseaban los documentos de identificación de residuos (DI), atribuyendo la procedencia a servicios técnicos y plantas de reciclaje. Dentro de la organización criminal se encontraban empresas de residuos y servicios técnicos que certificaban la mercancía. Las diligencias, junto con los detenidos, se encuentran a disposición de la Fiscalía Provincial Coordinadora de Medio Ambiente de Las Palmas.