Si en la anterior situación quedaba claramente definido que los guardias civiles sólo quedaban sujetos a dicho Código en situaciones de guerra, estado de sitio o misiones militares, con la reforma su aplicación queda sujeta a la interpretación de los tribunales, ya que, como se ha indicado, la redacción final del texto deja abierta la posibilidad de que cualquier guardia civil pueda ser condenado a una pena de prisión militar por una mera discusión de trabajo.
Se trata de una circunstancia que, lamentablemente, ya se ha producido recientemente. Así, entre otros casos, cabe destacar el ingreso en la cárcel militar de Alcalá Meco en febrero de 2015 de un agente que fue condenado a cuatro meses de prisión por un exceso verbal con un superior.
Otra importante novedad que se ha incorporado a este nuevo Código Penal Militar es la consideración del Director General de la Guardia Civil como autoridad militar, algo totalmente innecesario.
Igualmente, en la nueva norma se ha incluido de manera sorpresiva la tipificación del delito de injurias a la Guardia Civil, una decisión sin duda dirigida a restringir el derecho a la libertad de expresión y a dificultar gravemente el trabajo de las asociaciones profesionales de guardias civiles, así como su derecho de reunión y manifestación. De hecho, AUGC cuenta en este sentido con claros indicios de que esta medida y las anteriores han sido adoptadas estrictamente para actuar de un modo específico contra las asociaciones profesionales.
Pese a todo, AUGC reitera que continuará luchando por la defensa de los derechos sociolaborales de los guardias civiles como hasta ahora, hasta que se reconozca y se repare la discriminación que actualmente sufre este colectivo respecto al resto de policías españolas. En este sentido, la masiva manifestación del pasado 14 de noviembre, con más de 12.000 guardias civiles y sus familiares reclamando en la calle dejar de ser tratados como ciudadanos de segunda, debe servir para que de una vez por todas se reconozcan en el Congreso los derechos profesionales y personales de los guardias civiles.
Con más de 30.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización y la desmilitarización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).
