Así lo ha avanzado en declaraciones a los medios de comunicación el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola (PSOE), que ha destacado la "posición común" acordada por cabildos y ayuntamientos, con el apoyo del Ejecutivo regional y los grupos parlamentarios, para defender la organización administrativa de las islas ya que a diferencia de la Península, no hay "minifundismo" municipal.
Según Spínola, en España hay un ayuntamiento por cada 5.800 habitantes mientras que en Canarias la distribución sube hasta los 24.000, por lo que cree que no hay "problemas" para mantener el orden actual.
Desde el Ejecutivo se subraya, además, que se va a seguir insistiendo en su "compromiso" para reformar la administración local con el fin de evitar "duplicidades", aunque Spínola ha advertido de que este proceso está "afectado" por el proyecto estatal y por ello, ha dicho que lo más "serio" es que vaya "en paralelo" y no "por delante".
En esa línea, ha comentado que hay que darle un "impulso político" a esta reforma para alcanzar más "consenso" en el reparto competencial", por lo que ha limitado el papel de la comisión de expertos a un rango "más técnico".
El presidente de la Fecam, Manuel Plasencia (PSOE), ha destacado el "consenso" alcanzado por las instituciones canarias para defender las "especificidades" del archipiélago y que se tengan en cuenta sus necesidades en el ámbito competencial.
En esa línea, ha dicho que Canarias, con 55 municipios de menos de 20.000 habitantes, está "por debajo" de otras Comunidades Autónomas, y ha incidido en el factor diferencial de la ausencia de Diputaciones Provinciales y el protagonismo de los cabildos.
Para Plasencia, el principio básico de la Fecam es "una competencia, una administración", y en ese sentido, ha defendido las mancomunidades de servicios siempre que se "demuestre" su eficacia y el "ahorro" de costes".
Por el Partido Popular, su secretario general, Asier Antona, ha avalado el acuerdo y el trabajo de la Fecam, en coordinación con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), porque va en la línea de "controlar" el gasto, "racionalizar" la estructura de la Administración y "aclarar" el ámbito competencial.
