Al no haberse aprobado aun el PGO ni la modificación de la normas subsidiarias en los plazos contemplados en el convenio –la tramitación de ambos instrumentos urbanísticos no son competencia de la Administración local–, en 2011 los herederos solicitan al Ayuntamiento el abono de 1.118.736 euros a modo de compensación económica. Tras la inactividad y falta de respuesta del anterior grupo de Gobierno, la familia interpone un recurso contencioso-administrativo al Ayuntamiento.
Este se estima parcialmente en 2016, solo siendo reconocido el derecho de los herederos a ser recompensados económicamente por los terrenos pero no con la cantidad que solicitan. Finalmente, en diciembre de 2018 un Juzgado establece que el Ayuntamiento de Mogán debe abonar 549.800 euros, partida que se ha obtenido a través de la modificación presupuestaria aprobada definitivamente el 31 de noviembre del pasado año.
Al respecto, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha señalado que "los vecinos y vecinas continuamos pagando la mala gestión de gobiernos municipales anteriores a la hora de tratar estos temas que son de interés general ya que el dinero que se desvía para el abono de las expropiaciones de terrenos deja de estar disponible para su inversión en infraestructuras o en mejoras de servicios".
