La incertidumbre es el ambiente que prevalece entre estos guardias civiles, que verán mermadas sus funciones con la implantación de la seguridad privada en la cárcel. AUGC asegura que el establecimiento de la vigilancia privada hará que este servicio público esencial no se prestará con las mismas garantías de calidad que desarrollan hasta ahora los guardias civiles, que cuentan con mayor formación para ello que el personal privado.
Aunque el Ministerio del Interior ha asegurado que los vigilantes supondrán un "complemento adicional" a la seguridad exterior de los centros, haciendo además hincapié en que actuarán siempre bajo la dirección y supervisión de los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, AUGC considera que se contradice con el reconocimiento de que llevarán a cabo sus funciones en solitario, "una vez haya transcurrido un período de tiempo prudencial y se encuentren capacitados para ello".
La Asociación en Santa Cruz de Tenerife lamenta la opacidad con la que se está llevando a cabo el proceso de privatización de la seguridad penitenciaria, provocando desasosiego entre los agentes. La Asociación con mayor representación en Benemérita recuerda que esta privatización afecta sobremanera a los guardias civiles, ya que son estos trabajadores públicos los que están siendo sustituidos por la seguridad privada. Para AUGC, la ausencia en el Gobierno de una política en favor del empleo público, que ponga en valor la profesionalidad del colectivo de estos trabajadores, va en detrimento de la prestación a la sociedad de un servicio de calidad.
De los cuatro vigilantes que comenzarán mañana su labor en Tenerife II, solo uno estará armado. Las funciones que realizarán serán de control de personas, vehículos y mercancías, operación de los sistemas CCTV (video-vigilancia) instalados en los centros de control, y vigilancia desde puestos fijos o garitas. Los turnos serán de 24 horas, salvo para el vigilante armado, que trabajará de siete de la mañana a siete de la tarde. Por su parte, los guardias civiles realizarán patrullas y por las noches se harán cargo de una de las garitas de vigilancia.
Tenerife II entra en la segunda fase de la privatización de la seguridad penitenciaria, que supone la incorporación de vigilantes a todos los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior (67, de los cuales 58 son responsabilidad de la Guardia Civil), mientras que en la primera fase, que fue experimental, se implantó este sistema en 21 prisiones. El servicio de seguridad privada en Tenerife II ha sido adjudicado a la UTE (Unión Temporal de Empresas) compuesta por OMBUDS, EULEN, VINSA, PROSETECNISA, SABICO, GARDA y CASESA.
Según comunica la Dirección General de la Guardia Civil esta segunda fase tendrá una duración de 12 meses, pudiéndose prorrogar por un período de otros 12 meses, tal como se acordó el día 11 de septiembre en la reunión celebrada en el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.
En opinión de AUGC resulta inaceptable que se justifique dicha medida "debido a la aceptación que ha tenido la primera fase, cumpliendo las previsiones que se habían acordado en un principio", cuando lo cierto es que, desde su inicio, hace más de un año, este proceso privatizador ha concitado el rechazo total de guardias civiles, policías, funcionarios de Instituciones Penitenciarias, organizaciones sindicales, partidos políticos y una gran parte de la sociedad. AUGC advierte, además, de que cuando este plan de privatización avance y entre en fase de "sustitución progresiva" afectará a cerca de dos mil guardias civiles en todo el país.
Una situación perfectamente evitable si el Ejecutivo no continuara con su política de congelación de empleo público. Sólo en la Guardia Civil se destruyen anualmente mil puestos de trabajo. Por ello, AUGC muestra su pleno rechazo a la privatización de un servicio público tan relevante y adoptará cuantas medidas sean necesarias para intentar impedir que este proceso conlleve el cambio forzoso de destino de guardias civiles, aunque sea en el nivel mínimo previsto por la Dirección General.
