La adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, se reunió con tres abogadas canarias que denunciaron la imposibilidad de compatibilizar su profesión con la maternidad.
En muchas ocasiones, el colectivo debe elegir entre ser madre o ejercer su profesión, ya que los recursos y los plazos no se suspenden y la futura madre se ve obligada a trabajar durante las 16 semanas que contempla la ley como permiso por maternidad. "Muchas abogadas no tienen hijos o no se plantean tener el segundo porque deben paralizar el despacho y esto supone no trabajar. Tenemos que estar mandando escritos pidiendo el favor de que nos suspendan o cambien los plazos, por lo que siempre estamos al arbitrio del juez o jueza", aseguraron.
En este sentido, hicieron especial hincapié en la necesidad de suspender de forma automática los plazos legales durante los procedimientos judiciales cuando la mujer presente la baja por maternidad, ya que, aunque se pueden suspender los juicios ante esta situación, en la gran mayoría de los casos esto no se produce automáticamente y, en muchas ocasiones, la aplicación no es efectiva.
"Pedimos concienciación y sensibilidad en la profesión ante una situación que es temporal, para que las abogadas tengamos el derecho a la maternidad como cualquier otra mujer".
Las juristas mostraron su satisfacción ante la llamada de la Diputación del Común para conocer la situación de "algo que llevamos manifestando y denunciando desde hace mucho tiempo, y es la no suspensión de los plazos y la negación de la suspensión de las vistas cuando somos o vamos a ser madres".
Por su parte, Barrera aseveró que "es necesario modificar la legislación a nivel nacional para que la protección de la maternidad sea efectiva para las abogadas, y también para los padres que se acogen al permiso de paternidad. Desde la Adjuntía de Igualdad y Violencia de Género debemos defender los derechos de este colectivo, por lo que aprovecharé la visita del Defensor del Pueblo de la próxima semana para trasladarle esta preocupación, ya que se tiene que llevar a cabo una reforma de la legislación a nivel nacional y, desde la defensoría estatal, se podría activar".
