Es en el momento en el que se dicta la resolución de reconocimiento de la dependencia cuando surge el derecho a percibir las correspondientes prestaciones, que se deben concretar mediante el PIA a partir del cual se debe de comenzar a abonar el servicio. Según la legislación y sentencias alusivas si se trata de una Prestación Vinculada al Servicio (PVS) el período máximo es de tres meses, ampliables hasta seis meses, a partir del cual, si no hay una resolución del PIA, la administración ya debe de abonar el servicio con efecto retroactivo si procediese. En cuanto a las Prestación en el Entorno Familiar (PEF) los tribunales han establecido el de dos años y medio para genera la obligatoriedad del pago.
Eulalia García da la razón por tanto al Consejo Consultivo de Canarias y admite que ya se había venido trabajando en el sentido "primero detectando los casos a los que hacía alusión el Consejo y desde hace unos meses resolviendo conforme a su criterio que es también el mismo criterio que tiene el Gobierno".
"Otra cosa es que puedan quedar algún que otro expediente sin resolver, pero desde luego desde la Dirección General de Dependencia y Discapacidad estamos trabajando en la resolución de todos y cada uno de esos expedientes"