"En el año 2018 – asegura el adjunto- recibimos 376 quejas en materia de Dependencia y Discapacidad, lo que supone un 17,3% del total de expedientes abiertos en la Institución y un incremento considerable en relación al año anterior. Se trata sin duda de las dos áreas que más preocupan a la ciudadanía, debido sobre todo a los retrasos en la clasificación y reconocimiento del grado de Discapacidad y Dependencia, así como en la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA)". Afonso mostró su agradecimiento por la predisposición del director general a establecer una primera toma de contacto que garantice la colaboración de ambas instituciones con el fin común de lograr el bienestar de los ciudadanos.
Miguel Montero por su parte, explicó que es una prioridad del Gobierno de Canarias entablar vínculos que permitan "detectar y paliar todos los posibles obstáculos que hasta la fecha han impedido aligerar el retraso en la atención a las personas dependientes, un derecho reconocido por ley y que desde nuestra responsabilidad en el Gobierno debemos hacer cumplir". "Hablamos de personas con problemas de dependencia y discapacidad, que ven gravemente mermada su calidad de vida por ello, pero también debemos ser conscientes de las consecuencias que este retraso administrativo ocasiona en todo el entorno familiar, o de personas cuidadoras, de la persona afectada".