Globalmente, consideramos tardía, timorata y a remolque de los acontecimientos la respuesta de los ejecutivos español y canario ante la actual crisis social y sanitaria, dando la impresión que en la prioridad de los decretos, el ejecutivo ha antepuesto mantener activos los centros de producción no esenciales y de garantizar los intereses empresariales que de evitar la propagación de una epidemia mediante las suficientes medidas de limitación de la libertad de circulación de las personas. No de otra manera debe entenderse el mantenimiento injustificado de la actual actividad laboral en sectores no vitales para la población o se haya procedido, tardía y desordenadamente, al cierre de alojamientos turísticos provocando temerarias concentraciones en los aeropuertos sin medidas de seguridad para evitar el contagio.
Con carácter general, las administraciones públicas y el sector privado han incumplido en los centros de trabajo la legislación básica en materia de prevención y salud en el trabajo. Resulta especialmente grave la carencia generalizada de elementos básicos de protección en muchos centros de trabajo, incluidos las de carácter público, pero también manteniendo desinformados a los representantes de los trabajadores y evitando a los delegados de prevención sindicales plantear en el ámbito de la empresa sus propuestas para la mejor protección de los empleados ante la actual la pandemia.
Resaltamos la necesidad de controlar el riesgo para evitar la expansión del virus y de las situaciones que conlleven la pérdida de vidas. Por ello, y al disponer de una Sanidad devastada por los sucesivos recortes, con escasos medios humanos y materiales, exigimos al ejecutivo que articule sin más demora las medidas necesarias para que la escasez de recursos en los centros sanitarios, no continúen incrementando el número de damnificados por la actual pandemia.