Ni los argumentos presentados por el padre, ni la realidad conocida en el Ayuntamiento de necesidad de la familia, ni el hecho de que hoy en día es sabido que un teléfono móvil más que un lujo es necesario para mil cosas (avisos del colegio de los niños, envío de curriculum, búsqueda de empleo, etc.), sirvieron para que la trabajadora social tramitara la ayuda para esta familia, llegando incluso a poner por escrito la negativa con los argumentos peregrinos que esgrimía.
Ante la negativa del Ayuntamiento y las necesidades manifiestas y urgentes de esta familia, puestos en contacto con la Plataforma procedimos a ayudarlos con gestiones varias y con alimentos frescos, recomendándoles que presentaran queja en el Ayuntamiento y acudieran a denunciar su caso al Diputado del Común, donde ya constan otras denuncias pasadas de la Plataforma por la Dignidad contra el Ayuntamiento de La Laguna por casos similares, esperando que la institución que preside el señor Jerónimo Saavedra retome los casos y haga algo.
Sobra decir que en los años que llevamos trabajando por las familias precarias en la Plataforma por la Dignidad, buena parte del trabajo y de la ayuda prestada ha sido a familias residentes en La Laguna abandonadas a su suerte por su Ayuntamiento.
En la Plataforma nos preguntamos si en el Ayuntamiento de La Laguna comprobaron también las facturas de teléfono de la concejala María José Castañeda del PSOE o del "buen amigo" de CC Ricardo González, cuando procedieron a concederles las ayudas por las que todavía permanecen imputados ambos junto con el propio Alcalde y candidato de CC a la Presidencia del Gobierno de Canarias, el señor Fernando Clavijo.
Y así están las cosas en La Laguna, donde tantas familias sufren la más auténtica de las miserias y las ayudas sociales se tramitan de manera tan injusta y cruel, y donde, a modo de ejemplo, todavía permanecen vacías unas 60 viviendas de propiedad municipal a cargo de Muvisa, unas viviendas por las que la Plataforma por la Dignidad abrió una campaña-encuesta hace unos meses para preguntar a la ciudadanía por su mejor uso, resultando mayoritaria la voluntad de los ciudadanos laguneros de que fueran puestas en alquiler social para familias con
problemas de acceso a la vivienda. Unas 600 personas respondieron a esa encuesta, varios escritos se presentaron en el Ayuntamiento, sin respuesta del grupo de Gobierno y del PP, y con una muy tibia respuesta y apoyo de los partidos Sí se Puede y XTF en la oposición, aún esperando a que lleven el asunto a un Pleno, como nos aseguraron que harían.
Dicho esto, en la Plataforma no confiamos en que el Diputado del Común vaya a hacer demasiado con el asunto, como tampoco hizo nada en anteriores ocasiones, dándoles así ellos mismo paradójicamente la razón a los que piensan que dicha institución debería ser suprimida. Asumiendo la realidad de impunidad generalizada en la que vivimos en Canarias, no por ello vamos a dejar de denunciar todas estas cosas, confiando en que algún día alguien ponga un poco de justicia, de honradez y de dignidad en nuestra tierra.
Plataforma por la Dignidad.