Volvemos desde la Plataforma por la Dignidad a recurrir a la solidaridad ciudadana para ayudar a otra madre con hijos, esta vez en Santa Cruz de Tenerife. Es un aviso urgente por una chica joven, muy joven, sin ingresos y sin ayuda de nadie, que huyendo de una situación de pareja muy complicada lleva meses viviendo en una casa vacía en Los Campitos, en la zona alta de Santa Cruz, por encima de Ifara. La casa es propiedad de un banco, se la quedó después de que una promotora quebrara sin poder pagar, en los años del boom especulativo de la construcción. Tiene luz pero no tiene agua, y en el banco le dicen que podrían darle un alquiler social si presenta algún contrato de trabajo o algún ingreso. Lleva meses intentando que le den cita en los Servicios Sociales de Santa Cruz, pero por teléfono no hay forma, las listas cerradas, le dicen, y cuando acude en persona al Ayuntamiento y comunica su grave situación, la marean durante un tiempo para luego remitirla a que llame por teléfono para pedir cita al 900 111 333, donde no le dan cita porque están las listas cerradas, y así lleva meses según nos cuenta. Por si con eso solo no bastara, no consigue agua de los vecinos, muy poco solidarios, y está teniendo problemas para coger agua de una toma cercana, porque tampoco la gente del barrio le deja.

Llega a la Plataforma por la Dignidad el caso de Aicha y su hijo, una madre originaria de Marruecos que está en Canarias desde que era una niña, y que en circunstancias muy duras debe abandonar las Islas con su hijo menor con síndrome de down hace unos años, huyendo de una situación de maltrato que podía llevarla a la muerte. Así pasa varios años, entre Madrid y Ciudad Real, viendo como su hijo crece integrado en el colegio y en otras actividades a las que acude, hasta que un día decide volver a la que considera su tierra y se instala en el municipio de La Laguna, en una situación económica bastante precaria.

La Asociación Deniper y la Plataforma por la Dignidad llevarán al fin al Parlamento de Canarias el gravísimo asunto de la retirada de niños a sus madres y/o familias por cuestiones únicamente económicas.
En la foto, un joven y feliz matrimonio de Santa Cruz de Tenerife que hace unos años estuvo a punto de ver cómo le quitaban a su hija, un asunto que fue noticia en los medios y obligó a intervenir a nuestras dos asociaciones y a todo el vecindario en su defensa.

Miembros de la Plataforma por la Dignidad y familias de Geneto en La Laguna afectadas por la gestión de Visocan, estaremos presentando peticiones individuales y colectivas a la señora Consejera y Presidenta de Visocan Cristina Valido en la sede de Santa Cruz de Tenerife, en el Edificio El Cabo.

Son 187 familias de dos residenciales de Geneto propiedad de Visocan a las que se abandona a su suerte, con humedades que afectan seriamente a la salud de muchos niños, con malos acabados y desperfectos muchos, con una instalación eléctrica que les genera elevados costes, y sin ningún recurso social, comercial o formativo en sus inmediaciones. 187 familias a las que se les pasan cobros de alquiler de hasta 431 euros al mes sin atender a sus situaciones económicas y familiares que presentan (adjuntamos foto con recibo de una madre sin ingresos con tres hijos a cargo), y a las que se fuerza a firmar compromisos de pago en los que asumen deudas pasadas que saben que no podrán pagar y que firman únicamente por el miedo al desahucio.

Para que se hagan una idea: un menor en un Centro de Menores le cuesta al Gobierno de Canarias 3.200 euros al mes; con una cuarta parte de ese dinero podría esta familia tener un techo digno y aún le sobraría la mitad del dinero.

Es una pareja joven, con 20 años de feliz matrimonio y dos hijos sanos y educados, son de Tenerife y se han quedado sin casa por falta de trabajo, como tantas y tantas familias en esta tierra. En principio acudieron a los Servicios Sociales de su ayuntamiento, pero allí lo único que le ofrecían era separar a la familia y abrir expediente de riesgo a sus hijos –el paso previo a llevarlos a un centro-, mediando engaños muy feos con policía de por medio y una total falta de información, lo cual provocó que la pareja entrara en un estado de terror y ansiedad que casi acaba con ellos.

Francisco, es un señor de cuarenta y tantos años residente en Candelaria (Tenerife), que malvive en una casa abandonada sin ayuda social alguna a pesar de sufrir una enfermedad degenerativa incurable y algunas patologías asociadas más. En días pasados fuimos a verlo por petición de unos compañeros que lo atienden de manera altruista desde hace ya bastantes meses, ante la preocupación de esta pareja que ve cómo se está deteriorando su salud hasta el punto de temer por su vida si no se le saca de allí.

Hoy jueves 28 de abril hemos presentado denuncia ante el Diputado del Común por el reglamento abusivo, injusto e inconstitucional del Albergue de Santa Cruz, solicitando de paso intervención urgente de esta alta institución y cita con Jerónimo Saavedra (adjuntamos fotos de sendos escritos), por tratarse de un asunto que afecta a personas que necesitan de ayuda y están siendo expulsadas con claro riesgo para su salud. Decir que el reglamento de régimen interior del Albergue fue aprobado en mayo de 2014, a propuesta o sugerencia del propio Diputado del Común, por las muchas quejas y reclamaciones que recibía la institución autonómica por el maltrato que allí se dispensaba. En el Diputado del Común nos aseguran que nunca recibieron comunicación ni consulta alguna sobre la idoneidad del reglamento.

Emitimos este comunicado de urgencia para informar del estado en el que se encuentra una persona sin hogar expulsada del albergue hace ya más de una semana, ante el abandono que sufre y el deterioro físico y psíquico al que se está viendo avocado, hasta tal punto de haber aparecido hace un rato inconsciente y sin respuesta motora alguna, tirado en un banco de la iglesia del santacrucero barrio de Los Gladiolos. Se trata de un usuario habitual del albergue al que a mediados de este mes, cuando regresaba de un centro médico por haber recibido una paliza, se encuentra con que ya no puede entrar en el albergue ni usar de sus servicios. Al señor se le acusa también de haber quemado un vehículo de la UMA, cosa que el niega, y otros usuarios del albergue también lo niegan. Si bien la expulsión del albergue tuvo lugar dos días antes de que se produjera el incendio. Puestos en contacto con el personal del albergue en días pasados, tanto Ana Mendoza (Asoc. Viera y Clavijo) como Eloy Cuadra (Plataforma por la Dignidad), lo único que nos dicen es que este señor tiene prohibida la entrada al centro por algo que ha debido hacer, de lo que no nos informan.

Son muchos más. El Gobierno de Canarias: no sabe, no contesta.

El 10 de septiembre de 2010, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios quiso hacer llegar a los centros sanitarios de toda España una Alerta sanitaria a través de los puntos de Vigilancia de Productos Sanitarios de las CCAA. En dicha alerta se avisaba de que los sistemas de prótesis de cadera DEPUY ASR™ ARTICULAR SURFACE REPLACEMENT Y DEPUY ASR™ XL ACETABULAR fabricados por DePuy International Ltd. y distribuidos en España por Johnson & Johnson Medical Iberia, se aflojaban de manera considerable una vez implantados y podían desprender restos metálicos de la aleación cromo-cobalto a los tejidos circundantes a la prótesis ocasionando dolor o inflación. En dicha alerta se comunicaba también el cese de la implantación y la retirada del mercado de las mencionadas prótesis, dando las indicaciones pertinentes para que se contactara con los pacientes afectados al objeto de informarlos y proceder a su tratamiento, y en su caso a la sustitución de la prótesis defectuosa.

No a las privatizaciones generalizadas que sólo traen beneficios para unos pocos y trabajo precario y servicios deficientes para la mayoría.
Ante las informaciones y los acontecimientos hechos públicos en los últimos días, en relación al despido disciplinario de una trabajadora del Albergue Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Una vez hechas por esta plataforma las averiguaciones pertinentes, no podemos más que denunciar a la empresa Serunión por el despido, a nuestro juicio totalmente improcedente, y por el linchamiento público que está sufriendo la misma trabajadora a manos de su empresa en los días posteriores al despido. Todo ello en base a los argumentos que exponemos a continuación.