A causa de la violencia de género, unido al desempleo y la falta de red de apoyo social y familiar, queda en situación de calle y permanece ahí durante 3 largos años.

1. Se gestiona la Prestación Canaria de Inserción (472 euros). Tarda 10 meses en recibirla. Finalmente la recibe y alquila una habitación en un piso compartido.

2. Cobra la PCI durante un año, se envía el informe favorable para que se le renueve 6 meses más. El Gobierno se queda sin dinero en la partida para la PCI en mayo.

Según informaciones fiables a las que hemos tenido acceso en la Plataforma, este año también, como viene sucediendo desde 2008, se ha acabado ya el dinero destinado a pagar la PCI. Cabe recordar que la Prestación Canaria de Inserción es un salario mínimo para la cobertura de necesidades básicas y para la integración de colectivos en situación de exclusión social. Una ayuda de la que dependen y a la que se agarran buena parte de las familias canarias en situación de precariedad, las que están, cada vez más, sin cobrar ninguna otra prestación o subsidio.

Seguimos pendientes del caso de la niña de Añaza que el Gobierno de Canarias quiere quitar a sus padres y que ya lo quería hacer antes incluso de nacer la niña, por supuesta falta de habilidades de sus progenitores para el cuidado de su hija siendo padres primerizos, y exigimos a Inés Rojas como máxima responsable que revoque de una vez la resolución que pesa sobre esta familia, muy preocupados por los efectos que esta indefinición y la amenaza de retirada del menor están causando en la salud del padre de la menor, que ha perdido 14 kilos desde que todo esto empezó y sufre de ansiedad por lo injusto de la situación.

Comunicamos de urgencia para alertar de lo que entendemos que es una injusticia mayúscula y un atropello a la dignidad de las personas. Se trata del matrimonio formado por Jonay y Yurena, vecinos de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, padres jóvenes de la menor Piedad II, nacida el pasado 14 de febrero de este mismo año 2014.

Jonay y Yurena acuden a nosotros muy asustados hace unos días, después de recibir de la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia del Gobierno de Canarias una Resolución con fecha 14 de abril en la que se les comunica que deben entregar a su hija para cederla en acogimiento en familia ajena. La resolución viene al parecer como consecuencia de los informes negativos de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, abiertos antes de que la niña naciera, cuando los padres fueron a pedir una PCI a su oficina de Trabajo Social del Distrito. Por contra, hasta la fecha ninguna ayuda social han recibo de los Servicios Sociales, ni económica, ni formativa, ni de ninguna otra clase.

Volvemos en la Plataforma a comunicar con los medios para informar de la situación y las gestiones que estamos haciendo para ayudar a Rosa Medina y a su marido Servando, vecinos de Santa Cruz de Tenerife a los que las Administraciones Públicas siguen dando la espalda pese a su grave y desesperada situación.
A modo de resumen, decir que Rosa Medina García, de 47 años, fue operada en la Residencia de La Candelaria a mediados del año 2013 de una molestia en la garganta, y lo que iba a ser una intervención sencilla de no más de 20 minutos para la que no necesitaba ni quedarse ingresada, por un error médico al operarla –según nos cuenta la familia y así parece desprenderse de la documentación a la que hemos tenido acceso- derivó en que le cortaran la carótida y Rosa estuviera a punto de perder la vida, habiendo quedado en la actualidad, casi un año después, totalmente impedida, sin poder hablar, con medio cuerpo paralizado y con muchas funciones mentales limitadas sin posibilidad de recuperación.

Desde que el pasado 30 de diciembre fuimos llamados de urgencia a asistir a una paciente ingresada en el Hospital Quirón de Santa Cruz de Tenerife a la que querían echar, no han parado de llegar a la Plataforma por la Dignidad casos de personas que sufren o han sufrido situaciones muy graves a su paso por el mencionado hospital derivadas por el Servicio Canario de Salud. A modo de muestra, estos son algunos de los casos que nos han ido llegando a través de las denuncias de los familiares o de los propios afectados:

I.- Señora de mediana edad con problemas respiratorios y de movilidad, con llagas y heridas abiertas en buena parte de su cuerpo a la que no atendían como es debido y querían echar a toda costa, con personación incluso de cuatro agentes de la Policía Nacional.

Desde la Plataforma por la Dignidad, animados por el Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública, nos sumamos a esta propuesta, además de por su absoluta necesidad dado el enorme deterioro que atraviesa la concreta situación sanitaria y social de nuestras islas, empujados también por el espíritu del "sí, se puede" de la gran victoria que ha supuesto la paralización de la privatización de hospitales y centros de salud en Madrid, aunque permanezcan otras agresiones y amenazas al sistema público de esa comunidad. Siendo, en cualquier caso, un enorme ejemplo y estímulo para continuar las movilizaciones en todo el Estado español.

A Nazaret la conocimos el día 30 de diciembre, estaba asustada porque acababan de estar en su habitación del Hospital Quirón (concertado) 4 agentes de la Policía Nacional para "invitarla" a marcharse, y no podía marcharse, porque no podía caminar, ni respirar bien, y estaba llena de llagas por su cuerpo. Por suerte pudimos evitar que la echaran, pero a día de hoy sigue mal. Su caso dio lugar a otros muchos casos y a todo lo que hay ahora montado.

18 años lleva en antena el programa "No corras que es peor", el otro día invitaron a un miembro de la Plataforma por la Dignidad a ir al plató a contar lo que le hacen a los pacientes que van a un hospital concertado de Tenerife, y se colapsa la centralita con llamadas de afectados contando su caso, como pocas veces en 18 años. En cualquier país con unos mínimos aceptables de democracia este vídeo iría directamente al Juzgado para abrir una investigación de oficio, pero... estamos en Canarias.

Tiempo llevamos en la Plataforma por la Dignidad denunciando irregularidades, abusos y atentados contra la dignidad de las personas que acuden a la Sanidad Pública en Canarias. Lo hicimos hace algo más de un año con una denuncia pública por el trato vejatorio e inhumano que sufrió una señora chilena ya fallecida en el Hospital privado concertado de Arona perteneciente a la cadena Hospitén, lo fue también la campaña de apoyo a la huelga de hambre que llevó a cabo la señora Rosi Cubas por el abandono que sufrió en Urgencias de la Residencia la Candelaria, y vuelve a ser hoy objeto de nuestras denuncias lo que está ocurriendo en la sexta planta del Hospital Quirón de Santa Cruz de Tenerife, donde ingresan a los pacientes derivados del concierto sanitario que este centro privado tiene con el Servicio Canario de Salud.