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03 May

Aecp exige al Gobierno de Canarias "retrotraer" las medidas de presión fiscal anunciadas

Aecp advierte en un comunicado de las repercusiones del aumento impositivo "dada su repercusión en la generalidad de la economía canaria y, con especial incidencia, en la afección directa a un sector como el nuestro, duramente castigado por la situación económica".

Las Palmas de Gran Canaria/ La Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (Aecp) ha compartido el rechazo de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) de las medidas de presión fiscal anunciadas recientemente y exige al Gobierno de Canarias "retrotraerlas".

Aecp advierte en un comunicado de las repercusiones del aumento impositivo "dada su repercusión en la generalidad de la economía canaria y, con especial incidencia, en la afección directa a un sector como el nuestro, duramente castigado por la situación económica".

Manifiesta que la actividad inmobiliaria, cuya coyuntura califica de "sobradamente" conocida por el Gobierno de Canarias, "se verá afectada aún más, si cabe, en su desmovilización del stock", al neutralizarse las medidas contenidas en el Plan de Vivienda de Canarias a través de los recortes presupuestarios que le afectan "amén del peligro en que se encuentra la ficha financiera con destino a rehabilitación".

Explica que una subida impositiva "neutraliza igualmente" todas las medidas fiscales adoptadas recientemente por la Administración y relativas al Impuesto General Indirecto Canario (Igic), cuyo fin y objetivo "es el que ahora desaparece, al dejar sin efecto las bonificaciones fiscales o la aplicación del tipo reducido en ambos conceptos".

Asimismo, recuerda que desde el 2007 y hasta el momento, la desinversión por parte de todas las administraciones públicas en Canarias supone un -75,17 por ciento. Denuncia que si bien el Gobierno central ha disminuido su participación en un 79 por ciento, las administraciones locales han descendido un 54 por ciento su inversión en obras y servicios, mientras que cifra la disminución por parte de la Institución autonómica en un 82 por ciento.

"Todo ello, significa una gravísima pérdida de competitividad del tejido productivo canario, que había conseguido alcanzar cotas de participación en el mercado de OO.PP. - si bien no las deseadas– aceptables", manifiesta.

La asociación reivindica que "hoy, nuestras empresas, sin contar con las más de 5.000 desaparecidas –lo que supone un 72 por ciento del total de empresas perdidas en Canarias– ven con desesperación cómo su capacitación ante dicho mercado se pierde irremediablemente sin que ello les sea imputable".

Además, señala que a mayor abundamiento "nos encontramos ante una subida fiscal que, para aquellas empresas de nuestro sector que han contratado obras o servicios con la Administración a un tipo contractual determinado, no podrá repercutir el coste añadido a sus certificaciones" y por el contrario, según indican, sí le será de aplicación en todas las actividades y servicios que contraten o usen en el desarrollo de dichas obras o servicios, lo que "unido, a la demora en los pagos, a la imposibilidad de repercutir los costes financieros que ello supone, amén de verse obligados al precipicio de las subastas encubiertas y abuso por parte de las Administraciones públicas de la necesidad de contratar trasladando los costes de su ahorro con cargo al licitador, nos coloca en una preocupante y seria situación".

Algo que sucede "sin contar, con el arrastre hacia nuestros subsectores industrial, comercial y auxiliar, cuyo estado anímico está próximo al encefalograma plano".

Aecp asegura que existen fórmulas que no se barajan por el Gobierno canario como alternativa y que coadyuvarían a una mayor recaudación f iscal no vinculada a la subida de los impuestos, como la inversión en infraestructuras, "ello sin contar con las ya contenidas en el escrito de la propia CCE".

Afirma en que se trata de un mensaje que desde la organización se viene sosteniendo con insistencia "sin que se llegue a entender su veracidad", por lo que dice haber remitido recientemente al consejero regional de Economía y Hacienda, un informe de la patronal de las grandes constructoras del país, Seopan, donde se describen con rigor los retornos fiscales directos, indirectos e inducidos, que dicha inversión es capaz de devolver. "De analizarse dicho estudio y tomándolo en consideración, el Gobierno deberá retrotraer las medidas anunciadas", reitera.

"No se entendería de ninguna manera que el Gobierno desoyera un problema que no es empresarial, ni responde intereses individualistas. Por el contrario es un serio problema social vinculado a las familias que dependen de que nuestras empresas permanezcan abiertas y, si no sanas, si regularmente vivas", concluye.

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