Tal y como aseguró la socialista Rosa Guadalupe Jerez, que fue quien defendió la iniciativa, "el duro recorte" realizado por el Gobierno del PP al Plan de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, puede suponer "un retroceso en las políticas sociales llevadas a cabo en Canarias por las distintas administraciones" y, por tanto, "puede atentar contra la cohesión social, así como va a suponer el aumento de la desigualdad entre los canarios".
PROTEGER A LOS MÁS VULNERABLES
"Los ayuntamientos canarios no pueden más, porque no tienen dinero, y esta es una iniciativa para proteger a los más vulnerables, por lo que espero que nos olvidemos de las siglas", dijo la socialista.
Pese a este llamamiento, los conservadores votaron en contra, y eso que la portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Carmen Hernández, incluso alertó que la disminución financiera se encamina hacia el "desmantelamiento progresivo de los Servicios Sociales municipales".
El Plan Concertado para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, que data del año 1987 plantea la colaboración económica y técnica de las administraciones central y autonómica con las corporaciones locales para garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas unas prestaciones mínimas homogéneos, fuera cual fuera su lugar de residencia.
Para ello, se establecieron unos compromisos de financiación de la red básica de centros de servicios sociales, albergues y centros de acogida, que garantizaban las prestaciones básicas de información y orientación, ayuda a domicilio, alojamientos alternativos para la convivencia y prevención de la marginación e inserción social.
Sin embargo, desde el PSC se considera que toda esta red social está en peligro, pues los recortes presupuestarios dificulta el mantenimiento de la red pública en los equipamientos básicos desde donde se prestan estos servicios.
