Así, sólo el alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria cuyos ingresos familiares en 2010 fueran inferiores a 15.278 euros anuales tendrá derecho a una ayuda de 90 euros para la adquisición del material curricular, pero tal vez ni siquiera todos. "Con una sencilla división, se deduce que sólo unos 11.000 niños del Primer Ciclo de Educación Primaria (el año pasado había 42.263 niños escolarizados en estos niveles, según la Consejería de Educación) serán beneficiarios de esta ayuda, indispensable para su educación", resumen desde el sindicato. La ayuda hasta el curso pasado, era de 120 euros por niño, llegaba a todos los estudiantes de Primaria y Secundaria Obligatoria, pública y concertada, y era universal.
Otro servicio fundamental para las familias, la Acogida Temprana, también deberá ser asumida a partir de septiembre por los padres, lo cual, habida cuenta de la disminución salarial generalizada, dificultará sin lugar a dudas el cumplimiento del horario laboral de quienes aún conservan un empleo. Este servicio supone una cuota media de 25 euros al mes, lo que eleva la factura anual a 225 euros extra. Eso, en aquellos centros en los que el AMPA decida poner en marcha este servicio y encuentre una empresa interesada en asumirlo, así como un mínimo de quince alumnos inscritos, algo también complicado habida cuenta de su coste. Otro tanto ocurre con las actividades extraescolares, necesarias igualmente para permitir a los padres completar su jornada laboral y conservar empleo y sueldo.
Queda por saber la situación en la que quedarán los servicios de comedor y transporte escolar, dado que la Consejería aún no ha emitido las resoluciones correspondientes a los fondos librados a los centros para subvencionar sus costes, pero lo que ya es patente es que en todos ellos se baremará la situación económica de las familias que, en la mayoría de los casos, es irreal: se solicita a los padres justificación de los ingresos familiares de 2010. Y ya se ha anunciado una subida.
EVALUANDO SITUACIONES CON DATOS DE 2010
El sindicato denuncia que se utilice la Renta de 2010 como rasero para determinar la situación familiar y económica de las familias, que en miles de casos nada tiene que ver, en septiembre de 2012, con la de 2010. "Según las cifras oficiales de la Encuesta de Población Activa, a 27 de julio hay 70.700 parados más en Canarias que en 2010", argumentan desde FETE-UGT, aludiendo a la realidad conocida por todos y sufrida por muchos que hace dos años tenían puestos de trabajo y hoy se ven sin ingresos y con unidades familiares extendidas por la necesidad de reagrupación familiar.
"Todos sabemos lo que ha cambiado la situación en estos dos años en los que familias de clase media con buenos trabajos y sueldos fijos han sido víctimas de Eres, cierres de empresas o recorte de plantillas públicas, con sus viviendas embargadas y sin posibilidad de pagar un alquiler", recuerdan, por lo que "no se puede tomar como referencia su vida de hace dos años para decidir si ahora pueden comprar los libros para el colegio de sus hijos". Igualmente, puede darse la situación contraria: personas que en aquel año tuvieran una situación complicada que ahora estén desahogados y vayan a disfrutar de la ayuda en perjuicio de otros niños más necesitados, por lo que el sindicato exige a la Consejería que establezca un sistema más real y justo para evaluar la situación económica actual de los padres y fijar a quién concede ayudas para libros, y a quién subvenciona el comedor y el transporte escolar. "Los canarios hoy, con un 33% de paro, están más necesitados que nunca, y tratando de disfrazar la realidad con cifras de hace dos años, no se va a solucionar el problema", añaden desde FETE-UGT, apelando a que desde el Gobierno, se "empiece a pensar en la crisis de las familias y no en la de los mercados, los bancos o las instituciones".
Esta inversión, que no tiene en cuenta cuota del AMPA (unos 12 euros), comedor, transporte escolar y actividades extraescolares (unos 25 euros al mes por cada dos horas semanales) se sumará a la ya habitual factura de la vuelta al cole, cifrada por la OCU entre 500 y 600 euros para el curso que viene y en los centros públicos: costes de matrícula o fotocopias (unos quince euros), uniformes, ropa deportiva, mochila, material escolar –con su subida impositiva incluida- ... convierte septiembre en una pesadilla económica que muchos no podrán afrontar en una vuelta al cole que se anuncia más dura y conflictiva que nunca. Por este motivo, FETE-UGT insta a la Consejería de Educación a replantearse sus prioridades de gasto y permitir un acceso real a la educación pública, gratuita y universal recogida en nuestra Constitución.