Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria (IUC), anuncia que la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife asumió la denuncia de IUC contra el concejal del Partido Popular, en el Puerto de la Cruz, Luis Miguel Rodríguez Rodríguez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, a raíz del gasto de 9.634 euros de dinero público, en su teléfono móvil, durante 2011.
Trujillo afirma que "no debiera ser compatible con la ley que un cargo público derroche el dinero de los ciudadanos de forma tan lamentable. Además, es una burla a la ciudadanía portuense el que, precisamente ese cargo público, fuera el responsable de la concejalía que impuso un drástico recorte salarial a los empleados del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, cuyas condiciones laborales llegó a calificar de ´prebenda´. Desde luego", prosigue el portavoz de IUC, "no le vamos a pedir al PP que le retire la confianza al señor Rodríguez. Sabemos que lo único que podemos esperar de ese partido es que, si su concejal fuera condenado, lo amnistiaran para así volver a burlarse de los ciudadanos y de la ley".
"En el mes de julio", añade Trujillo, "el gasto telefónico del concejal del Partido Popular representó el equivalente a 3.5 veces el salario mínimo interprofesional. Esta conducta motivó duras críticas públicas del concejal de Izquierda Unida en Los Realejos, Jonás Hernández, y la consiguiente amenaza de querella, por parte de Luis Miguel Rodríguez, que emplazó a Hernández a un acto de conciliación, en el que el concejal de IUC se ratificó en sus críticas. Ante el esperpento de que el querellable se convirtiera en querellante, seguramente alentado por el Tea Party del Valle de La Orotava, y también ante la magnitud del dispendio de dinero público, IUC decidió llevar este caso a los tribunales".
Asimismo, desde IUC se recuerda el precedente establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 226/2006, que condenó por malversación a un alcalde gallego, que había instalado un teléfono municipal en su vehículo privado, y que, a lo largo de cuatro años y medio, ocasionó un gasto telefónico de 5.233 euros. El alcalde gallego fue condenado por un consumo telefónico injustificado, con cargo a las arcas municipales, de 97 euros mensuales, cuantía significativamente inferior a los 802 euros al mes gastados por el concejal del Partido Popular.
