Después del encuentro, el jefe del Ejecutivo autónomo adelantó que el Gobierno de Canarias y la compañía constituirán a partir de enero una mesa de trabajo para analizar, "desde el entendimiento", cualquier decisión que pueda tener relación con las Islas de cara al futuro.
Rivero recordó que Canarias depende enormemente de la conectividad aérea y que, en ese sentido, el papel de la compañía Iberia es fundamental para el transporte aéreo entre el Archipiélago y la Península.
En relación con la subida de precios, Rivero explicó que el presidente de Iberia lo ha achacado al incremento del precio del petróleo, circunstancia que afecta a todas las compañías aéreas.
A este respecto, el presidente afirmó que la única salida para establecer un control de los precios máximos es la activación de la declaración de las obligaciones de servicio público: "Si el Estado quiere garantizar la cohesión territorial y mantener a Canarias conectada, no queda otra que poner en marcha ese mecanismo, fijando criterios de frecuencia y precios".
"Los abusos solo pueden controlarse con las obligaciones de servicio público", dijo el presidente, quien detalló algunos de los hechos que han provocado una merma de la conectividad aérea en las Islas, como el cierre de Spanair o la eliminación de la bonificación de las tasas aeroportuarias, que ha provocado una pérdida de 220.000 turistas en apenas once meses. "Todo esto, junto la subida del precio del petróleo, ha complicado mucho las costas en los últimos tiempos".
Rivero recordó que el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hace unas semanas pedir la activación de las obligaciones de servicio público para los trayectos aéreos con la Península, aprobadas formalmente desde el año 1998 pero que hasta el momento habían sido innecesarias porque el mercado ha funcionado razonablemente bien.
El presidente dijo confiar en que el Gobierno de España adopte la decisión firme de activar la citada declaración y se puedan fijar precios máximos para los billetes aéreos.
En este sentido, añadió que "el Gobierno de Canarias siempre ha defendido que debe asegurarse la conectividad del Archipiélago como elemento fundamental para su desarrollo económico y social" y que tal petición -amparada en el principio de solidaridad recogido en el artículo 138 de la Constitución Española- pretende paliar los perjuicios ocasionados a los canarios por la progresiva reducción de rutas y frecuencias por parte de las compañías aéreas que venían operando con el Archipiélago, lo que ha provocado un incremento muy importante del precio de los billetes aéreos.
