La Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad está aún a la espera de que el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comunique las nuevas condiciones de ese préstamo para decidir si se adhiere a este mecanismo estatal.
A pesar de que el Gobierno canario comunicó las necesidades de financiación de las Islas para 2013 desde el pasado mes de diciembre, el Estado no ha facilitado la información básica de las condiciones que regirán este préstamo como el tipo de interés o los plazos de amortización.
Según el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, "el PP lo que está solicitando es que cometamos una irresponsabilidad acudiendo a esa línea de crédito, como a cualquier otra, sin conocer su coste y condiciones. Canarias, por tanto, no acudirá al FLA a cualquier precio".
González Ortiz destacó que la solvencia que presenta Canarias, a diferencia de otras comunidades autónomas, "nos está permitiendo explorar en estos momentos otras posibilidades de financiación ya que los mercados empiezan a abrirse". El consejero añadió que tras el análisis y la comparación entre las distintas ofertas "se elegirá la opción más ventajosa".
A juicio del consejero "lo que sí parece una obstinación es el intento del PP por guiar las finanzas de Canarias hacia el FLA aunque ello conlleve perjudicar los intereses generales de todos los canarios".
González Ortiz calificó de "incoherente" que los populares critiquen la posibilidad de buscar otras vías de financiación para las Islas cuando "es exactamente lo que están haciendo algunas comunidades autónomas donde gobiernan". Es el caso de Madrid, Galicia o Aragón, autonomías que han colocado deuda en los mercados hace escasas semanas al margen del FLA.
"Lo que deberían explicar -dijo- es la razón por la que Canarias no debe buscar mejores condiciones, aceptando a ciegas el Fondo de Liquidez Autonómico, mientras que miembros de su misma formación aplican lo contrario en otros territorios".
El consejero evidenció, además, que el PP canario oculta que el FLA no cubre la totalidad de las necesidades de financiación de las comunidades autónomas ya que es el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas quien asigna las cantidades que considera oportunas y según sus propios criterios.
