Esta acción administrativa, que protagoniza la inspección de juego del Gobierno de Canarias, se está complementando con acciones de control por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado, gracias a la coordinación y colaboración con la Delegación del Gobierno en Canarias, y también con los Ayuntamientos. "Con todo, la intención es reducir la proliferación de actividades de juego y apuestas ilegales que, en un marco de crisis económica, tienden a aumentar", expuso el consejero.

El consejero informó a los representantes del sector del juego sobre esta cuestión durante una reunión celebrada esta mañana en Santa Cruz de Tenerife, en la que también participó la viceconsejera de Administración Pública, Carmen Nieves Rodríguez Fraga.

"Hay nuevas formas y actividades de apuestas y juegos que están en estos momentos fuera de la normativa, lo que dificulta la actuación administrativa de control y sanción sobre las mismas", aclaró el consejero quien destacó que gran parte de este problema quedará resuelto con la próxima aprobación de un decreto que regulará las apuestas externas de la Comunidad Autónoma de Canarias. El texto, que aún está en fase de borrador, será abierto a consultas al sector y luego se procederá a su tramitación formal para que en el menor plazo posible sea aprobado.

Además, el Gobierno canario está culminando la redacción de las modificaciones necesarias para adaptar dos decretos a la nueva situación del juego, cuyas novedades se incorporan rápidamente por los avances en las nuevas tecnologías para apuestas y juegos. Los decretos que se modificarán este año son el Reglamento del Juego del Bingo y el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, y para ello, el Gobierno contrastará también la opinión del sector.

Todas las modificaciones normativas se realizarán con el criterio de reducir burocracia, modernizar y simplificar los procedimientos y autorizaciones públicas que requiere esta actividad. Además, el Gobierno canario quiere impulsar también una modificación puntual en la Ley de Juegos y Apuestas, aprobada en 2010, para adaptar su texto a la nueva regulación que existe en el marco estatal en materia de publicidad para estas actividades. La normativa estatal ha flexibilizado los criterios y ahora, Canarias debe trasladar la misma flexibilidad al ámbito autonómico.