Su presidente, el titular del Cabildo gomero, Casimiro Curbelo, ha pedido "lealtad" al Ejecutivo canario, y ha advertido de que solicitarán un informe al Consejo Consultivo y acudirán al Tribunal Constitucional (TC) si no se llega a un acuerdo.
El presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, ha dicho que las competencias y la financiación están "amparadas" por ley, pero el Gobierno de Canarias "no la cumple" en su totalidad.
"El dinero no es del Gobierno de Canarias. No nos lo liquida cuando es positivo, y cuando es negativo, tenemos que pagar. Se han pasado varios pueblos. Los cabildos hemos sido leales y todos juntos debemos afrontar esta crisis, no que haya un mando y ordeno y me quedo con el dinero. Ganaremos en el Constitucional pero en seis años, es una posición desleal", ha comentado.
Según Curbelo, en el presupuesto autonómico de 2012 se aprobó que se daba por definitiva la liquidación de entregas a cuenta de 2010 con saldo positivo de 65,7 millones para los cabildos, "y ahora de forma unilateral, el Gobierno de Canarias ni siquiera consulta y no compensa, no es justo, más aún cuando los cabildos estamos cumpliendo devolviendo lo que nos entregaron de más en 2009".
La Fecai también va a abrir la vía legislativa para garantizar por ley que los criterios de reparto de los recursos sean un hecho "constatable" y no dependan de la libre voluntad del Gobierno de Canarias, "que desde 2009 adopta criterios diferentes cada año que merman los recursos de las corporaciones insulares", ha destacado Curbelo.
En la misma reunión se ha analizado el comportamiento de los tributos, que refleja un incremento "razonable" del IGIC pero un descenso de la matriculación, y se ha pedido al Gobierno de Canarias más "información" sobre el bloque del REF (Régimen Económico y Fiscal), del que son "cotitulares" cabildos y ayuntamientos.
La Fecai también ha acordado solicitar al Estado que tenga en cuenta el "hecho diferencial canario" al aplicar la Ley de Costas, dado que hay que preservar valores etnográficos en el litoral, y la suscripción de un convenio con la Consejería de Economía y Hacienda del Ejecutivo, por importe de 630.000 euros, para contratar agentes de desarrollo local y elaborar proyectos para la dinamización económica.
