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25 Abr

El PP sigue solo en su defensa de las prospecciones petrolíferas

La consejera de Industria afirma que la decisión fue una "deslealtad institucional" que ha sido recurrira por "ilegal"

Canarias/ El Grupo Parlamentario Popular insiste en llevar al Parlamento el debate sobre la decisión del Gobierno de Rajoy de permitir a Repsol que haga prospecciones para buscar petróleo entre 9 y 61 kilómetros respecto a la costa de Fuerteventura y Lanzarote y, lejos de conseguir sumar apoyos, logra visualizar su soledad política en esta polémica.

El encargado de defender el Real Decreto del Ministerio de Industria fue el presidente del Grupo, Manuel Fernández, para quien encontrar petróleo es una cuestión estratégica para España, un país que depende de la importación de crudo y que necesita actividad industrial con posibilidad de beneficios dinerarios.

Sin embargo, los argumentos de los conservadores acabaron en la pared del Gobierno, los grupos que lo apoyan e, incluso de Nueva Canarias (NC).

Así, la consejera de Empleo e Industria, Margarita Ramos, aseguró que el Real Decreto fue "una deslealtad institucional" que reactivó un decreto anterior anulado por los tribunales, lo que lo convierte en "ilegal", pues los permisos estaban "caducados".

Por ello, el Ejecutivo regional ha recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión de Industria y, además, ha pedido que se suspenda el mismo mientras se dicta sentencias.

"La extracción de petróleo es una actividad considerada peligrosa y Canarias debe tener control de actividades que suponen un riesgo", insistió Ramos.

ACTO ATROZ

El portavoz parlamentario del PSC, Manuel Fajardo, animó a la consejera a que "siga con el expediente de ejecución de sentencia, para desenmascarar a quienes han cometido este acto atroz contra los intereses generales de Canarias".

Fernández recordó que el decreto reactivado fue elaborado por el ex ministro de Industria José Montilla en el año 2006, por lo que Fajardo le replicó que "se quedó sobre la mesa porque Zapatero dijo que no se adoptaría ninguna decisión sin contar con la Comunidad Autónoma, Fuerteventura y Lanzarote".

Por su parte, el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez, reiteró en que "no es de recibo que un Gobierno democrático imponga una medida polémica, a las bravas y despreciando a la Comunidad Autónoma y a la opinión pública".

Rodríguez recordó que, en su opinión, las competencias las tiene el Estado y no Canarias, como se reclama desde el Gobierno regional, pero "se tenga o no se tenga razón, es inaceptable una imposición así más propia de otras épocas".

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