Este programa, que contiene varias líneas de actuación y medidas que serán aplicadas de forma coordinada por varias consejerías, pretende evitar los efectos negativos que produce el fraude en los trabajadores, en las empresas y en la recaudación de impuestos.
La lucha contra la economía no declarada es un eje central del Gobierno de Canarias que avanza con la aprobación de este plan al considerar que estas acciones dañan la prestación de los servicios públicos esenciales debido a la erosión de los ingresos fiscales, perjudican a las empresas que ejercen su actividad de forma transparente y lesionan los derechos de los trabajadores.
Este plan integral, que se aplicará no solo desde el punto de vista de la represión sino de la prevención, incluye cuatro líneas de actuación: potenciar la conciencia social sobre estas conductas; estimular el cumplimiento voluntario de las obligaciones; prevenir las situaciones irregulares; y perseguir el fraude tanto laboral como fiscal.
Entre las medidas incluidas en la primera de estas líneas destaca el desarrollo de campañas informativas y de sensibilización con el objeto de reforzar la conciencia colectiva de rechazo a estos comportamientos. También en este eje se iniciarán programas en los colegios, centros de formación profesional y universidades para mostrar los beneficios de la responsabilidad fiscal.
Las acciones previstas en la segunda línea de actuación pretenden impulsar el cumplimiento voluntario. Entre éstas destaca la posibilidad del pago de tributos y sanciones a través de tarjetas de crédito, domiciliación bancaria y medios telemáticos además del desarrollo de un canal en Internet para la realización de todos los trámites de forma sencilla y ágil.
También prevé potenciar la atención y asistencia a las empresas, aumentar la colaboración con los colegios profesionales y otras entidades para facilitar las obligaciones, así como incrementar el importe de las sanciones que recaen actualmente sobre la economía sumergida.
En cuanto a la prevención, el Gobierno establecerá un protocolo para que los distintos servicios de inspección requieran datos específicos en sus visitas con el fin de que esta información sea trasladada a los órganos competentes.
En materia de control y persecución del fraude laboral y fiscal se pondrá en marcha un canal confidencial para que los ciudadanos puedan trasladar sus denuncias; se intensificará la colaboración con la Agencia Tributaria Estatal, Seguridad Social, los cabildos y ayuntamientos; se suscribirán acuerdos de colaboración con organizaciones empresariales y sindicales; y se impulsará la cooperación con los cuerpos de seguridad para el control de los tributos vinculados a la importación y a las actividades turísticas.
