Paulino Rivero ha reconocido en su blog personal que no esperaba un "volantazo" en la política del Ministerio, pero entiende que no hay razones objetivas que puedan explicar esta decisión, sobre todo cuando Canarias está perdiendo 800 millones al año por efecto de un sistema de financiación autonómica que considera "realmente perjudicial".
El nuevo techo establecido en el CPFF supone 480 millones para este año a diferencia de los 800 millones que Canarias había solicitado. En este sentido, Rivero ha admitido que aspiraba a un "mejor trato" por parte del Ministerio, máxime cuando el archipiélago "ha venido haciendo sus deberes en los últimos años de manera ejemplar".
"Hemos hecho las cosas bien, pero desgraciadamente no hemos visto que se recompense a los dos millones de habitantes del archipiélago que son, en última instancia, los afectados por los ajustes de los presupuestos autonómicos a los que nos hemos visto obligados en los últimos años", insistió.
El presidente canario también ha mostrado su desacuerdo con el reparto entre el Estado y las autonomías, ya que del 6,5% autorizado por Bruselas, la Administración central se reserva el 5,2% y cede el 1,3% a las comunidades autónomas cuando son éstas las que, recordó, "soportan el gasto social".
"La sanidad, la educación o las políticas sociales corren a cuenta de las autonomías, con lo que habremos de seguir cuadrando el círculo para garantizar el carácter público de estos servicios esenciales", advirtió.
Con el nuevo déficit, Canarias dispondrá de 200 millones más que, según Rivero, irán destinados a políticas que contribuyan a mejorar la cohesión social de las islas a través del crecimiento económico y la creación de empleo, unos objetivos que "constituyen la razón de ser del Gobierno de Canarias y de los que nadie nos va a alejar", recalcó.
No obstante, aún manteniendo "a salvo" los servicios públicos esenciales, Paulino Rivero ha advertido de que una merma en las cuentas públicas repercutirá en la capacidad inversora de la Administración autonómica. "Confiábamos, pues, en una decisión más favorable a nuestros intereses que finalmente no ha llegado", apostilló.
Por otro lado, se ha preguntado qué va a pasar con los 93 millones que el Estado debe transferir a Canarias este año a través de las conferencias sectoriales --de los que 76 están presupuestados en políticas de empleo--, pues el Gobierno "no ha realizado tal transferencia ni ha dado garantías de que lo vaya a hacer".
