A partir de mañana, el proyecto de decreto estará en fase de información pública para recopilar las sugerencias y mejoras que la ciudadanía presente para mejorar el texto que aún puede ser sometido a cambios.
Esto implica que el Ejecutivo autonómico habilitará urnas en sedes administrativas por toda Canarias y desarrollará un aplicativo informático para hacer viable la emisión de opinión vía telemática para realizar las consultas a la ciudadanía, previstas en el artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía. La opinión emitida por cada ciudadano que quiera participar telemática o presencialmente en el proceso será secreta y existirán herramientas para garantizar que sólo se emita una opinión por persona, ya sea física o jurídica.
Spínola aclaró que "el sistema de consulta a la ciudadanía que propone Canarias es Constitucional y respeta todo el ordenamiento jurídico vigente". El Gobierno de Canarias avanza en el desarrollo normativo necesario para hacer efectiva la consulta ciudadana referida al petróleo tras "el desprecio a Canarias mostrado por el Gobierno de España que ni siquiera ha contestado a la petición de referéndum cursada formalmente por el Gobierno de Canarias", explicó el consejero de Presidencia.
Pese a que el resultado de la consulta ciudadana no tiene carácter vinculante, el consejero aseguró que "tiene enorme efecto político porque será muy difícil que un Gobierno se oponga a lo que la ciudadanía ha expresado por este sistema sobre un tema en concreto". De hecho, el consejero de Presidencia aclaró ya de antemano que "el Gobierno de Canarias asume como si fuera vinculante, pese a que no lo es formalmente, el resultado que se dé en la primera consulta ciudadana que tendrá como asunto de fondo las prospecciones de petróleo en las costas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura".
El proyecto de decreto prevé la creación de una comisión de control, integrada por tres funcionarios de carrera y tres representantes de la ciudadanía inscritos en el Registro de Participación, que serán elegidos por sorteo. El ejercicio de estas tareas será en todo caso voluntario. Esta comisión velará por el cumplimiento de la normativa durante el proceso y resolverá las reclamaciones que pudieran presentarse.
El texto atribuye al Consejo de Gobierno de Canarias la capacidad para decidir los términos exactos de la pregunta o preguntas directas que se sometan a consulta, y concreta que será un decreto del Presidente donde se determine para cada convocatoria la fecha, plazos, lugares, dirección de correo electrónico para la emisión de opinión.
El consejero de Presidencia destacó que con estos proyectos de decreto "el Gobierno de Canarias continúa dando pasos ciertos hacia un nuevo modelo de Democracia, más transparente y participativo, tal y como exige la ciudadanía". Para Hernández Spínola, con este sistema de consulta ciudadana se logra un doble objetivo. "El Gobierno cuenta con una fórmula clara y objetiva para conocer la opinión de la ciudadanía respecto a asuntos de gran relevancia para el presente y futuro de la comunidad autónoma canaria, y a la vez, los ciudadanos y ciudadanas de Canarias contamos con un método que nos posibilita expresar formalmente nuestro criterio individual para definir una opinión colectiva sobre asuntos de especial interés y sensibilidad", expuso.
El texto íntegro del proyecto de decreto puede consultarse a través del portal de transparencia http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/ o directamente en el siguiente enlace:
http://www.gobiernodecanarias.org/cpji/ripc/participacionciudadana/contenido/Construyendo_Ciudadania/Anteproyectos_para_su_consulta.html