Según la Ley aprobada, la Agencia Tributaria supone un nuevo modelo que permite más autonomía en la gestión de los recursos humanos y materiales, mayor descentralización y agilidad en la toma de decisiones, así como un sistema de incentivos por objetivos en el método de trabajo.
Los grupos nacionalista, socialista y mixto destacaron que la Agencia Tributaria permitirá una gestión más eficiente gracias a su autonomía de funcionamiento.
El diputado del PP Miguel Cabrera Pérez-Camacho mostró la oposición del PP a la creación de este órgano, fundamentalmente por su coste, y acusó al Gobierno de Canarias de derrochar el dinero público en "un dispendio absolutamente prescindible".
Afirmó que el Gobierno de Canarias oculta cuánto va a costar la Agencia, de manera que el Parlamento al aprobar la ley da un cheque en blanco para que lo rellene el ejecutivo sin que haya ninguna garantía de que la gestión vaya a mejorar.
Emilio Mayoral contestó que no hay que evaluar la Agencia por su coste, sino por los beneficios que va a suponer por la eficacia en la recaudación de los impuestos.
Para el debate en pleno quedaron siete enmiendas parciales, defendidas por el portavoz del grupo mixto, Román Rodríguez, entre ellas una para que el director de la Agencia fuera elegido por el Parlamento y no por el Gobierno, pero fueron todas rechazadas por nacionalistas y socialistas.
Tras la aprobación de la Ley, el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, dijo que la Agencia Tributaria Canaria mejorará la gestión y avanzará en la lucha contra el fraude fiscal.
"Si hay una comunidad autónoma que precisa de un ente específico, esa es Canarias", por su Régimen Económico y Fiscal, dijo el consejero, quien subrayó que habrá un personal más cualificado, nuevos métodos de trabajo y más colaboración con otras administraciones.
