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25 Sep

El Gobierno de Canarias incrementa las acciones contra la privatización de AENA

Canarias/ El Consejo de Gobierno acordó hoy solicitar el inicio del trámite de negociación con el Estado, como paso previo a la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó hoy emprender nuevas actuaciones con el fin de que el Gobierno central transfiera la competencia ejecutiva en materia aeroportuaria a la Comunidad Autónoma. El Consejo, a instancias del titular de Transportes, Domingo Berriel, analizó todos los pasos dados hasta ahora por el Estado para la venta del 49 por ciento de la empresa pública y concluyó en que se deben incrementar las acciones políticas y jurídicas para evitar que se materialice en Canarias.

En este sentido, el Gobierno de Canarias ya se dirigió el pasado 9 de julio al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que convocase la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado, que es el órgano establecido legalmente para articular la transferencia de las competencias que corresponden al Gobierno de Canarias, desde el Estado. El próximo 9 de octubre se cumplen los tres meses prescritos para la convocatoria. De no producirse, el Gobierno de Canarias solicitará a la Audiencia Nacional que obligue al ministro a convocar esa Comisión.

En este sentido, el artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de ejecución en materia de puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa.

Dado que no se ha obtenido respuesta alguna a esa solicitud, por lo que el Gobierno de Canarias ha acordado requerir a la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de valorar la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que es un texto normativo en el que, entre otros aspectos, se intenta establecer que la gestión de los aeropuertos seguirá siendo directa, a pesar de la privatización, un extremo que el Gobierno de Canarias considera inasumible y claramente objeto de recurso.

Previamente a ese recurso, se solicitará la apertura de negociaciones en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación para intentar que no sea necesario acudir al Constitucional y se pueda aclarar en contenido del Real Decreto-ley o, en su caso, modificarlo de forma que quede clara la competencia de Canarias cuando el Estado no ejerza la gestión directa de los aeropuertos

La iniciativa adoptada hoy se enmarca dentro de las medidas anunciadas por el Gobierno de Canarias en contra de la privatización y que fueron respaldadas por el Parlamento de Canarias, que, en sesión celebrada los días 8 y 9 de julio de 2014, aprobó una resolución mediante la cual se rechazaba la privatización de «Aena, S.A.» y se instaba al Gobierno de Canarias a negociar con el Gobierno de España la puesta en marcha de lo estipulado en el citado artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias y a establecer, en el supuesto de que el Gobierno de España se negase a iniciar el proceso de transferencia de competencias en materia de gestión de los ocho aeropuertos canarios, una estrategia jurídica y política encaminada, por un lado, a evitar la consolidación del proceso de privatización de «Aena, S.A.», en lo que éstos se refiere y, por otro, a obtener dicha transferencia competencial.

En este sentido, el Gobierno autónomo ya notificó el 29 de julio de 2014 a la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la certificación del acuerdo adoptado en sesión celebrada el 24 de julio, mediante el que se instaba a dicho ente que se hiciera constar expresamente en el folleto informativo de la futura oferta pública de venta de valores del 28 por 100 del capital de la entidad mercantil estatal de capital público «Aena, S.A.», la intención del Gobierno de Canarias de impugnar tal decisión y de exigir ante los órganos judiciales competentes que se declarase que la gestión de los aeropuertos canarios corresponde al Gobierno de Canarias.

Con fecha 10 de septiembre de 2014 se recibió la respuesta, en la que la presidenta de la CNMV notificaba al Gobierno que había dado traslado del acuerdo a las personas concernidas a efectos de la inclusión de los extremos en ella contenidos en el folleto informativo de la oferta pública de venta de valores que pretende realizar AENA.

Por otro lado, los días 23 y 24 de septiembre de 2014, el Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial solicitó a la Vicepresidenta del Gobierno de España y Ministra de la Presidencia, en su condición de Secretaria del Consejo de Ministros, la notificación formal de los acuerdos de 13 de junio y de 11 de julio de 2014 del Consejo de Ministros, en los que se impulsó la privatización, instando su expedición a la mayor brevedad posible, por considerarlo esencial para la defensa de los intereses legítimos de la Comunidad Autónoma en el marco constitucional.

Asimismo, el día 23 de septiembre de 2014, ese mismo departamento instó al Presidente de Enaire a que se informara a los inversores interesados de la intención del Gobierno de Canarias de impugnar la decisión de privatización de «Aena, S.A.» y de exigir ante los órganos judiciales competentes que se declarase que la gestión de los aeropuertos canarios corresponde al Gobierno de Canarias, en virtud de lo establecido en los artículos 30.22 y 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

El Gobierno de Canarias mantendrá esta línea de actuaciones, en defensa del carácter estratégico de la red de aeropuertos de Canarias que, al ser un archipiélago y estar alejado del continente, depende especialmente de la conectividad aérea, que debe ser abordada principalmente desde el punto de vista del interés general y el fomento de la cohesión territorial, y no desde el de la rentabilidad de las instalaciones aeroportuarias, que es el que suelen aplicar los inversores privados.

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