En el escrito, el Gobierno manifiesta que "nadie entendería que los tribunales se pronunciaran una vez que se hayan realizado las prospecciones o, lo que sería peor, si mientras analizan si se han cumplido las condiciones formales y materiales que la normativa exige para este tipo de actividades peligrosas se produjera algún incidente", cuyas consecuencias serían irreversibles dada la naturaleza altamente contaminante y peligrosa de la actividad.
Según ha informado el portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, la comunicación gubernamental recuerda los riesgos que entrañan las prospecciones para el medioambiente y la economía de Canarias.
Entre los primeros, cita la afección a la potabilización de agua; la contaminación acústica, lumínica y química asociadas al proceso de perforación, y el riesgo de una fuga descontrolada de crudo que llegaría a todas las islas.
"A ello habría que añadir que esas actividades son altamente contaminantes y que perjudican gravemente a la biodiversidad del Archipiélago, al afloramiento de nutrientes y a la abundancia de cetáceos, precisamente en una de las zonas más ricas del planeta, y que provocan la destrucción física del fondo marino y la modificación del suelo submarino causando con ello la desaparición de especies", ha agregado.
En cuanto a los riesgos económicos, la comunicación destaca la afección al turismo, "principal actividad de Canarias desde hace cuarenta años, y que previsiblemente lo seguirá siendo en los próximos cien".
La imagen del Archipiélago como destino turístico que recibe más de 13 millones de visitantes extranjeros al año puede verse seriamente perjudicada, ya que las prospecciones son incompatibles con el modelo económico que se está desarrollando basado en las condiciones naturales y la biodiversidad.
En esa dirección, el Gobierno canario entiende que la actividad petrolífera pone en riesgo los 12.000 millones de euros que representa el turismo en Canarias, el 30 % del PIB y más del 30 % del empleo (50 % en el caso de Lanzarote y Fuerteventura).
La comunicación del Ejecutivo regional recuerda los frentes que siguen abiertos contra las prospecciones.
Desde el punto de vista político, se recabará la opinión de los ciudadanos sobre si se mantiene la oposición institucional a las prospecciones mediante una macroencuesta con una fiabilidad por encima del 95 %.
Del mismo modo, la consulta mediante pregunta directa se retomará, en su caso, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el levantamiento de la suspensión provocada por el Gobierno estatal, en la medida en que se entiende que la Comunidad Autónoma puede convocar legalmente consultas distintas al referéndum, como así ha avalado el Consejo Consultivo de Canarias por unanimidad.
Judicialmente, el Gobierno regional está a la espera de que se dicten medidas cautelares de suspensión de los actos por lo que se autorizan las prospecciones mientras se resuelve el fondo del asunto, tanto ante el TC como ante el TSJC.
A este respecto, la administración autonómica, junto con partidos políticos y colectivos ciudadanos, "seguirá utilizando todos los medios que el ordenamiento jurídico pone a su disposición en contra de las prospecciones, ya sean en el ámbito de la Unión Europea, de los tribunales de Justicia, de las instituciones políticas o de la calle, colaborando con la sociedad civil tanto para manifestar democráticamente el fuerte rechazo social e institucional, como para conseguir el objetivo último, que es la paralización definitiva de la prospecciones en aguas canarias".