La decisión del Gobierno de Canarias de abonar ahora estas cantidades a todo el personal de Justicia está fundamentada en la existencia de una sentencia judicial de 14 de octubre de 2014, en la que se reconoce de forma individual este derecho a una empleada pública de la Administración de Justicia de Canarias que reclamó por vía judicial su derecho al abono íntegro de la paga extra de 2012.
Una vez reconocido judicialmente este derecho individual para una empleada, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, propuso al Gobierno de Canarias hacer extensivo de oficio a todo el personal de Justicia, siendo la única comunidad autónoma de todo el país hasta el momento que reconoce y abona este dinero.
Unos 3.000 empleados públicos de la Administración de Justicia de la comunidad autónoma de Canarias serán los beneficiados por esta decisión del Ejecutivo canario, cuyo coste ronda los 3.300.000 euros.
La medida adoptada por el Gobierno de Canarias no resulta extensible a la totalidad de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma ya que la regulación de las condiciones retributivas de los trabajadores del ámbito de la Administración de Justicia está establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, mientras que la del personal que presta servicios en el resto de los ámbitos está establecida en el Estatuto Básico del Empleado Público. Para este grupo, la modificación que el Gobierno de España aplicó mediante Real Decreto Ley para suprimir el pago de la extra de diciembre de 2012 entró en vigor el 14 de julio de 2012, cuando estaba devengado parcialmente el derecho al cobro de la misma. La parte proporcional correspondiente a este periodo devengado, ya fue abonado por el Gobierno de Canarias a todos los empleados públicos de la comunidad autónoma en abril de 2014, también por decisión adoptada de oficio por el Gobierno autonómico tras las primeras sentencias judiciales reconociendo este derecho al personal laboral.