"Somos conscientes de los innumerables beneficios de orden social que promueve y genera la mediación, así como de su eficacia y utilidad", señaló Hernández Spínola. Con este convenio, continuó, "el Gobierno de Canarias da un paso más para potenciar los mecanismos de solución extrajudicial de conflictos e incrementa su compromiso de cooperación con los órganos jurisdiccionales a quienes estos instrumentos pueden significarle una disminución en su carga de trabajo".
La colaboración del Gobierno de Canarias y el Consejo General del Poder Judicial, a través de este convenio, comprenderá mecanismos de comunicación que permitan un intercambio fluido de información y faciliten un adecuado conocimiento de los recursos de los que disponen y de su funcionamiento, agilizando además su gestión. Todo ello, explicó el consejero, redundará en un mejor aprovechamiento tanto de los servicios judiciales como de los de mediación y de los restantes instrumentos de resolución pacífica de conflictos.
Concretamente, el Gobierno de Canarias pondrá a disposición de los órganos judiciales y del público en general que acude a las sedes judiciales información sobre la mediación. Además, incluirá en los planes formativos diseñados para los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia actividades de formación en mediación y en otras formas alternativas de resolución de problemas.
Por su parte, el Poder Judicial dará a conocer la mediación y otras formas de resolución pacífica de conflictos entre los jueces y magistrados destinados en los juzgados y tribunales de Canarias, así como la información necesaria de los recursos disponibles en el territorio canario.
Asimismo, se establecerán encuentros periódicos en las Islas entre los miembros encargados de la mediación, los jueces, magistrados y el personal funcionario al servicio de los órganos judiciales para mostrar las posibilidades de la mediación como complemento a la respuesta jurisdiccional, así como aclarar dudas e impulsar nuevos proyectos en este ámbito.
Tanto el Ejecutivo regional como el CGPJ consideran esencial para el desarrollo y el buen funcionamiento del sistema la puesta en marcha de acciones de formación conjunta entre los profesionales implicados.
En Canarias, la normativa de mediación en el ámbito familiar se encuentra recogida en la Ley 15/2003 de la Mediación Familiar, modificada por la Ley 3/2005. Con la publicación del Decreto de Gobierno 144/2007, por el que se aprueba el Reglamento de la Mediación Familiar se puso en funcionamiento el Registro Público de Mediadores Familiares y, proyectos como el de mediación familiar por derivación judicial y de difusión de la mediación que han tenido reflejo en el número de mediaciones familiares que cada año se desarrollan en Canarias y que van en aumento. Todo ello complementado con lo dispuesto en El Decreto del Gobierno de Canarias, 40/2014, de 15 de Mayo (BOC de 21 de mayo de 2014), por el que se regulan determinados aspectos relacionados con la modernización de la Administración de Justicia en Canarias, en cuya disposición final segunda, modifica el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y amplía su ámbito competencial en materia de Mediación. Así, además de la familiar, la extiende a la civil, mercantil, penal y la conectada con otras materias que puedan ser objeto de procedimientos judiciales y con actuaciones concretas de la Administración de Justicia.
El acuerdo alcanzado hoy en Madrid, de naturaleza administrativa y sin costes para las partes, tendrá una vigencia de dos años.
