Según valora el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, con la nueva legislación, "el Gobierno de España da la espalda a Canarias, a sus singularidades y a su realidad económica-empresarial causando un grave perjuicio a nuestro tejido empresarial y a la generación de empleo".
En la modificación de las condiciones para que las empresas isleñas se beneficien de las ayudas, el ministerio de Hacienda no ha tenido en cuenta las peticiones realizadas por el Gobierno de Canarias en cumplimiento de la ley del REF que exige al Estado la máxima flexibilidad en el funcionamiento de los incentivos regionales.
Por el contrario, el real decreto no considera los mayores inconvenientes y sobrecostes que inciden en las Islas para desarrollar inversiones como la lejanía de los mercados, la pequeña escala productiva, el fraccionamiento del territorio o los elevados costes de movilidad, de importación y almacenamiento de materias primas.
A pesar de estas singularidades y al mandato legal contenido en el REF, el ministerio endurece aún más los requisitos. Así, mientras el Gobierno de Canarias solicitó que la inversión mínima requerida descendiera en el Archipiélago desde los 600.000 euros hasta los 100.000 al considerar excesiva esa cantidad para la dimensión de las empresas canarias, el real decreto no sólo no atiende esta petición sino que eleva ahora a los 900.000 euros esta exigencia.
El Gobierno canario también solicitó que los proyectos de inversión se extendieran a cualquier sector de la actividad empresarial siempre que se comprometieran a la creación y mantenimiento del empleo, petición que tampoco ha sido atendida quedando restringidas las subvenciones al ámbito industrial y turístico principalmente.
Entre las escasas mejoras que recoge la nueva regulación se encuentra el aumento del porcentaje máximo de subvención que pasa del 40% establecido para todas las empresas al 55% en el caso de las pequeñas y al 45% en las medianas con la reducción al 35% para las grandes. No obstante, esta modificación responde a la aplicación directa de las nuevas directrices de la Unión Europea.
Por otra parte, desde 2007 hasta 2014, el total de las subvenciones concedidas en Canarias a través de los incentivos regionales ascendió a 101 millones de euros lo que generó una inversión total de 657 millones, la creación de 1.658 puestos de trabajo y el mantenimiento de cerca de 4.000 empleos.
