Se calcula que el anteproyecto de ley podría estar redactado para su remisión al Parlamento a finales de 2016, de manera que sería aprobado en 2017.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, ha recibido el visto bueno del ejecutivo para proceder a elaborar ese estatuto de los altos cargos y del buen gobierno, que sería la primera propuesta legislativa de su departamento y que actualizará la vigente legislación de 1997.
Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado modificar el registro de intereses de los altos cargos para adaptarlo a la ley de transparencia, de manera que sus bienes y patrimonio, que hasta ahora se declaraban pero tenían carácter reservado, se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias y en el Portal de Transparencia.
Tras la publicación la próxima semana de la modificación del decreto que regula el registro de los intereses de los altos cargos, con un modelo de declaración incluido, habrá un plazo de dos meses para que se den a conocer sus bienes y patrimonio.
En cuanto a la iniciativa legislativa para una nueva regulación de las incompatibilidades de los altos cargos, Aaron Afonso dijo en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que de momento solo hay "un embrión" de borrador sujeto a aportaciones de las consejerías e informes internos.
Se pretende clarificar el régimen de incompatibilidades y los criterios de idoneidad y honorabilidad de los altos cargos, para responder a una demanda de la ciudadanía que se ha distanciado de los representantes políticos, dijo el consejero.
También se busca que los profesionales con contrastada experiencia que puedan optar a ser altos cargos tengan claro el régimen a que van a estar sometidos cuando dejen el puesto.
"Queremos evitar las puertas giratorias, pero sin cerrar la puerta a que profesionales de reconocido prestigio puedan estar al frente de las áreas de gestión", dijo el Afonso.
En cuanto a la cualificación de los altos cargos, se incluirán requisitos y conceptos aún sin determinar sobre su idoneidad académica o profesional y su honorabilidad.
Las exigencias, según la Consejería de Presidencia, no se restringen a la observancia y cumplimiento de las normas legales o reglamentarias, sino también a que la actuación de los altos cargos esté inspirada y guiada por principios éticos y de conducta que impidan la puesta en riesgo de su objetividad e imparcialidad.
En el texto se incluirá un régimen sancionador que podría llegar a la destitución del alto cargo.
