Según recoge El Día, esta medida se formalizará mediante un recurso a la sentencia de la Audiencia Nacional, que no atendió a la petición del Gobierno canario de obligar al Estado a reunir la Comisión Mixta para negociar la gestión de los aeródromos.

Por su parte, el Supremo sugería que el Gobierno de Canarias, una vez consumada la operación "podría reivindicar, esgrimiendo su competencia ejecutiva, la gestión de determinados servicios aeroportuarios".

Aunque, en este aspecto, según el TS, podría producirse una "lesión" de las competencias estatutarias, y no en los acuerdos del Consejo de Ministros de 2014 que dieron lugar a la privatización del 49 por ciento del capital de Aena, cuya impugnación por parte del Gobierno autonómico fue resuelta de forma desfavorable por el alto tribunal (El Tribunal Supremo avala la privatización del 49% de Aena).