Los 351.358 euros es la cantidad asignada a Canarias por el Estado de un crédito de seis millones de euros que aprobó distribuir entre las comunidades autónomas con competencias en la materia con el fin de mejorar la justicia dentro de su ámbito territorial.
Concretamente, explicó Fajardo, la partida designada puede destinarse a avanzar en el uso de las nuevas tecnologías, a la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal, a mejorar los tiempos de resolución de los asuntos ingresados (mediante el uso de las nuevas tecnologías) y a adoptar mejoras que incidan en un servicio público de calidad.
Aunque la partida supone un ligero incremento con respecto a los 347.594 euros consignados en 2015, el viceconsejero considera que "es insuficiente" para atender las necesidades que requiere la Administración de Justicia en Canarias.
