El proyecto de La Ley elaborado por el Gobierno que pretende establecer las normas de ordenación territorial del País Canario, supone un hecho de máxima trascendencia pues por su contenido se confirma que abre las puertas a un desarrollo urbanístico a la carta y sin el suficiente control, pero además, la retórica ambientalista de su redacción, esconde múltiples coladeros para, sin control, promover la política urbanística y del ladrillo. La Ley del Suelo, cede discrecionalmente gran parte de las competencias sobre disciplina urbanísticas a las corporaciones locales, dejándo las decisiones sobre urbanismo al albur de los intereses de grupos de presión municipal o insular y hurtando al Gobierno autónomo sus actuales competencias de ordenación y protección del suelo para el conjunto del Archipiélago como un espacio territorial, nacional, integral y sometido a los mismos riesgos de desarrollismo y fragilidad.
Especialmente peligrosa resulta el apartado en el que, al amparo del "interés general", se den vía libre a obras de carácter público o privado en zonas actualmente protegidas que lesionará el patrimonio natural e incluso arqueológico. Por otra parte, la maraña de conceptos sin suficiente definición y la indeterminación de planteamientos jurídicos no aclarados en el proyecto de ley, tal como han reiterado los expertos, conlleva abonar el terreno para, aparte de la ambivalencia interpretativa, impulsar la controversia y la judicialización de la aplicación de las normas a ejecutar. Este hecho contradice la filosofía argumentada por el propio Gobierno para la aprobación de la ley, cuando afirma que la misma pretende la simplificación y la agilización de los plazos ante cualquier acción urbanística o territorial.
En definitiva, la Ley del Suelo que se pretende ahora aprobar, con diferencia, cuenta con más aspectos desfavorables que positivos, supone una peligrosísima regresión en materia de protección territorial de las islas. Pero además con su aprobación y ejecución, el gobierno canario de Clavijo y sus escuderos el Partido Popular, caminan en sentido contrario a la Comunidad Internacional en su lucha contra el cambio climático, colaborando a la degradación medioambiental de nuestro Archipiélago, precisamente cuando los síntomas del empeoramiento del clima son cada día más evidentes.