En el informe sobre Seguridad de las actividades de prospección, explotación y producción de petróleo y de gas mar adentro, el presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo introdujo varias enmiendas encaminadas a "evitar que la actual situación de crisis pueda ser un pretexto para relajar la legislación, que debe velar por el medio ambiente, el respeto a la biodiversidad y el turismo como actividad económica principal de determinadas zonas de la UE, y en particular de Canarias".
En concreto, López Aguilar pide que "las autorizaciones relativas a las operaciones de prospección sean objeto de valoración medioambiental previa, tal y como prevé la Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, sobre la base de información obtenida de las campañas previas de investigación sísmica, geofísica y geoquímica".
Asimismo, la comisión ITRE ha respaldado su propuesta que reclama que "las autoridades responsables de otorgar las concesiones, además de tener en cuenta lo establecido en la Directiva 94/22/CE sobre evaluación de la capacidad técnica y financiera de las entidades solicitantes de autorización para la prospección petrolífera, consideren los riesgos y posibles efectos sobre los valores presentes en espacios marinos protegidos que pudiesen resultar afectados".
Según ha explicado Juan Fernando López Aguilar, "estas propuestas formarán parte del informe que servirá de punto de partida para las negociaciones posteriores con el Consejo en la redacción del reglamento destinado a regular las prospecciones petrolíferas y de producción de gas en alta mar en toda la UE". "Reglamento", añade, "tremendamente decisivo sobre la correcta conducción de las actividades petrolíferas que el Gobierno español ha autorizado a Repsol en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura".
