En palabras del portavoz, "si hace una semana era la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, la que plantaba cara al Gobierno de España por la injusticia del sistema de financiación estatal para las autonomías en sanidad, educación y políticas sociales, ahora es Galicia, otra Comunidad gobernada también por el PP, la que se enfrenta al Ejecutivo de Rajoy por la eliminación de las primas a las energías renovables para producir electricidad. Y, además, lo hace anunciando un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa estatal, tal y como ya hizo el Gobierno de Canarias el mes pasado. Estamos, por tanto, ante un nuevo ejemplo de cómo el PP de otras comunidades autónomas se rebela contra el Gobierno del Estado por medidas injustas, arbitrarias y hasta ilegales que ese mismo partido defiende en las Islas frente al interés general de 2.100.000 personas."
Sobre el modo en que afecta el RDL al Archipiélago, el portavoz afirma que, "en el caso de las Islas y a diferencia de otras comunidades autónomas, existen argumentos jurídicos añadidos para plantear la inconstitucionalidad, como es el derecho a disponer de un sistema eléctrico especial reconocido por la Constitución española y por el Estatuto de Autonomía de Canarias, dada nuestra configuración distinta a la del territorio peninsular".
"Aparte de la vulneración constitucional y estatutaria, se da la circunstancia de que en Canarias la producción de electricidad con energías renovables es tres veces más barata que en la Península, según datos de la Comisión Nacional de Energía y de Red Eléctrica de España. Esto significa que la aplicación de la normativa estatal provoca en las Islas el efecto contrario al que dice perseguir en cuanto a la reducción del déficit tarifario, por el que la factura de la luz es cada vez más cara para los usuarios", añade Marrero.
En cuanto a los efectos prácticos que esta medida del Estado está provocando en la economía de las Islas, el portavoz informa de que "las consecuencias de la eliminación de primas a las energías renovables son palpables: en lo que va de año han cerrado 28 empresas y se han perdido unos 200 puestos de trabajo en el Archipiélago. A esto se añade que la paralización de proyectos supone que no se inviertan 600 millones de euros ni se creen 6.300 empleos".
El Gobierno de Canarias decidió elevar su recurso contra el RDL al Constitucional el pasado octubre, ante la negativa por parte de la Administración General del Estado a aceptar los planteamientos del Ejecutivo autónomo, que entiende que el Archipiélago cuenta con singularidades que tienen una particular incidencia en el ámbito retributivo de las energías renovables.
