La comprobación 'in situ' que llevará a cabo Comercio y Consumo tras el acuerdo de colaboración suscrito, según ha informado Matos, consistirá en "verificar" la realidad de la actividad, así como la de los datos declarados. Los controles se realizarán sobre una muestra significativa de los operadores inscritos en el registro, de acuerdo con los parámetros determinados por Promoción Económica.
"De este modo, Comercio y Consumo se ocupará de comprobar que la empresa existe; que se encuentra en condiciones de desempeñar su actividad; y de que dispone de todas las autorizaciones legales necesarias para ejercer su actividad, así como de los libros de contabilidad debidamente diligenciados", ha resumido Matos.
De igual forma, la Dirección General investigará "si la empresa cuenta con una capacidad real de comercialización de productos", y en particular con los medios y estructuras productivas en Canarias tal y como han sido declarados.
En el caso de una industria, se analizará si las instalaciones de transformación o envasado se ajustan al contenido del registro industrial.
Por último, Comercio y Consumo también comprobará el número de trabajadores de la empresa en el Archipiélago, tomando como referencia el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio.
La actividad de Comercio y Consumo se suma a cualquier actividad de control que competa, en el ejercicio de sus funciones, a otros órganos de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la Intervención General de la misma, de la Administración General del Estado o de la Unión Europea.
El REA es una de las medidas específicas diseñadas por la Comisión Europea para paliar el alejamiento, la insularidad y la situación ultraperiférica de la Comunidad Autónoma, que consiste en el establecimiento de un sistema de ayudas al abastecimiento de una serie de productos agrícolas, que resultan fundamentales para el consumo humano, la transformación y la utilización como insumos agrícolas.
