Ya el pasado 11 de octubre, el Consejo de Gobierno acordó requerir al Estado a que cumpliese los compromisos firmados en la Adenda al Convenio de Carreteras del año 2009, por la que a Canarias le correspondía una inversión en carreteras de 207 millones de euros para el presente ejercicio. El pasado 30 de octubre, se recibió la transferencia de fondos estatales correspondiente a la partida mencionada por una cuantía de 68,45 millones de euros, lo que representa un 67 por ciento menos de lo acordado.
Ante este claro incumplimiento, el Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado en su reunión de hoy dictar las instrucciones precisas para que la Dirección General de los Servicios Jurídicos inicie cuantas acciones jurídicas sean necesarias, para que la Administración General del Estado cumpla sus compromisos con las Islas.
El Gobierno entiende además que la decisión del Estado no se corresponde con una política general de recortes, sino con un trato consciente y plenamente discriminatorio a la Comunidad Autónoma, toda vez que el Gobierno central, en sus presupuestos de este año en materia de infraestructuras viarias y ferrocarriles, lejos de reducir la partida global, la incrementó al tiempo que asumía nuevos compromisos, como el AVE a Galicia, a costa de incumplir obligaciones ya adquiridas, como es el caso del Convenio de Carreteras firmado con la Comunidad Autónoma.
Por lo tanto, el desorbitado recorte de la partida para Canarias, no se justifica por una situación económica sobrevenida, sino por una elección de prioridades de las inversiones estatales en la que Canarias resulta claramente discriminada.
Una situación que, para mayor afección, se acentuará en el año 2013, para el que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, que ya ha pasado el trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados, ahonda en la discriminación, al consignar sólo 54 millones de euros para el convenio canario, cuando de nuevo la partida prevista se elevaba hasta los 207 millones de euros.
El recorte ya consolidado del 67 por ciento de los fondos para este ejercicio y el previsto del 73 por ciento en 2013, suponen que el Estado dejará de invertir en Canarias más de 291 millones de euros correspondientes a un convenio firmado, cuya naturaleza contractual generó la confianza legítima necesaria para que el Gobierno de Canarias licitase las obras recogidas en los anexos al convenio pactadas con el Estado y suscribiese los contratos necesarios con las empresas constructoras, para poder desarrollar las infraestructuras viarias del Archipiélago.
Sobre esta base, el Gobierno autonómico entiende que la única responsable de los retrasos y disfunciones en la ejecución de las obras de carreteras del Archipiélago que se deriven de la carencia de los fondos necesarios es la Administración General del Estado, por lo que en el día de hoy ha tomado la decisión de exigirle por la vía judicial que cumpla con los compromisos firmados, en beneficio de la sociedad canaria.
