"El objetivo -según ha señalado el Director Ejecutivo de la APMUN- Emiliano Coello, es facilitar en la medida de lo posible el retorno a la legalidad de los afectados, fomentando la legalización de las actuaciones sobre el territorio y el medio ambiente y la restauración de los entornos dañados y, al mismo tiempo, conscientes de la situación económica, minorar la cuantía de las sanciones a los ciudadanos que colaboren con la Administración". Se trata, en definitiva, de dar desarrollo a la prevención y a la colaboración como ejes principales de trabajo, una de las prioridades trazadas en esta etapa.
En función del tipo de procedimiento abierto, en 287 ocasiones se trató de expedientes de legalización; 237 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 50 en Las Palmas, mientras que desembocaron en restablecimientos de carácter voluntario 744 actuaciones; 334 en la provincia oriental y 410 en la occidental. En unos sesenta casos se procedió al restablecimiento forzoso. Por islas, en Gran Canaria se efectuaron 251 restablecimientos y legalizaciones, 78 en Lanzarote, 73 en Fuerteventura, 393 en Tenerife, 164 en La Palma, 96 en La Gomera y 35 en la isla de El Hierro.
