Pérez estima que se deberá esperar a la próxima primavera para conocer la capacidad del rebrote de la vegetación dañada por el fuego. "Será en ese momento cuando se podrá decidir la conveniencia de las medidas de restauración adoptadas", resaltó.
"No conocemos el tiempo que tardará en recuperarse plenamente el Parque Nacional de Garajonay, pero esta Consejería, a través de la Dirección General de Protección de la Naturaleza, puso en marcha en el mismo mes de agosto, la elaboración de un proyecto de restauración basado en un intenso trabajo de valoración de los daños producidos como consecuencia de este incendio", explica Pérez.
"El objetivo de este proyecto era determinar las afecciones originadas por el fuego, las consecuencias directas a corto, medio y largo plazo, para llegar a establecer las zonas prioritarias de actuación, los tipos de actuaciones y su valoración económica", sigue diciendo.
"Una parte fundamental del proyecto fue la consistente en estudiar la alternativa de no actuar frente a los daños producidos en la vegetación, el suelo, las especies y las diferentes infraestructuras e instalaciones. En este caso se advierte del peligro que supondría no intervenir en el medio, lo que podría causar aún más consecuencias negativas sobre el mismo, así como sobre las infraestructuras, las personas e incluso la actividad económica de las islas afectadas, concretamente de la actividad turística", concluye.
Ahorro y eficiencia energética
En otro momento de su comparecencia, José Miguel Pérez mostró su preocupación por el trato dado a Canarias por el Ministerio de Industria, "que no contempló la singularidad de las Islas en sus últimos Reales Decretos".
Pérez recordó que el Real Decreto Ley 1/2012, de 27 de enero, suspende los procedimientos de preasignación de retribución y los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energías renovables y residuos, lo que significa para Canarias pérdidas de inversión directa valoradas en 600 millones de euros en los próximos cinco años. De esta inversión la mayor parte corresponde a 39 parques eólicos con asignación de potencia en el último concurso público.
También supondrá un sobrecoste de generación en los sistemas eléctricos canarios de aproximadamente 1.300 millones de euros, en dicho periodo; así como pérdidas de empleo directo de más de 6.600 puestos de trabajo.
Similar comentario realizó el vicepresidente sobre el Real Decreto Ley 13/2012, de 30 de marzo, por el cual se suspende la planificación 2008-2016. Su consecuencia para Canarias, a la espera de una nueva planificación, es de aproximadamente 378 millones de euros
Por último, se refirió al Plan de Acción 2004-2012 de Ahorro y Eficiencia Energética, que suponía 8 millones de euros anuales (77% IDEA, 23% CA), que sumados a la aportación privada originaban una inversión de 30 millones de euros anuales. El año 2012 dejaron de aportarse a Canarias.
