La Asociación Agua para La Palma reivindica un pacto social e institucional en toda Canarias para consensuar un ambicioso plan de inversiones de manera estratégica y urgente con el fin de renovar de una vez las redes de abasto, antes las "escandalosas" pérdidas de agua, que alcanzan o incluso pueden superar el 50% de los recursos hídricos disponibles en el Archipiélago, tanto por extracción de los acuíferos, como por la desalación marina y la depuración.
La asociación invitará a colectivos de todas las islas a sumarse a esta propuesta con el fin de formar un frente común, y para ello iniciará contactos con asociaciones y organizaciones de toda la región.
Junto a esta petición, este colectivo ciudadano alerta sobre "la gran mentira" con que "el lobby del agua (en el que determinados intereses políticos se alinean con los de grandes empresas del sector hidráulico y energético) ha logrado desde hace varias décadas desviar enormes inversiones públicas hacia la construcción y mantenimiento de la industria que desala agua de mar, mientras a la vez se está permitiendo que la mitad del agua se pierda por las redes de abasto debido a su deterioro por falta de renovación y adecuado mantenimiento.
Por ello, la asociación palmera cree necesario abrir un debate social e institucional en toda Canarias sobre la necesidad de ir a la raíz del problema, ya que, "salvo por intereses económicos particulares de ese lobby, no tiene lógica alguna que, en lugar de reparar y renovar la red de transporte pública de agua, se opte como solución principal y permanente producir más y más agua de origen industrial".
Es tanto lo que hay en juego en cuanto al interés general que Agua para La Palma propone, para revertir esta situación, ese gran acuerdo regional, impulsado por la sociedad civil, como usuaria de este bien básico, desde las diversas entidades ciudadanas, de agricultores, de consumidores, etc., y que acabe en un gran pacto sobre el agua en las instituciones públicas, con sus diversos niveles de Administración (municipal, insular, regional, estatal e incluso europeo, si se pudieran obtener fondos comunitarios para este fin).
Todo ello se plasmaría finalmente en convenios de los cabildos y los ayuntamientos con la Dirección General de Aguas del Gobierno Canario para priorizar las inversiones en reducir las pérdidas actuales de agua y no priorizar la desalación.
"La ciudadanía debería darse cuenta", apunta Agua para La Palma, "de que al final, en su factura o a través de las subvenciones públicas, de su bolsillo está pagando no solo el agua que se pierde en las conducciones deterioradas sino también la que es necesario producir de manera adicional para cubrir la demanda, en un círculo vicioso, auténtico sinsentido, que encarece más y más el servicio de un bien tan vital".
