La norma establece una serie de límites con respecto al establecimiento de los horarios comerciales, que desvirtúan sus competencias en esta materia. Así, el horario global en el que los comercios podrán desarrollar su actividad durante el conjunto de días laborales de la semana no podrá restringirse por las comunidades autónomas a menos de 90 horas supone una media de 15 horas por día, cuando anteriormente este límite era de 72 horas, una media de 12 horas por día.
Por lo que respecta a la apertura en domingos y festivos, el límite que se fija a las autonomías es de diez al año y se limita la competencia autonómica al establecerse cuatro criterios a los que deberán atenerse éstas a la hora de determinar las aperturas en estos días.
Asimismo, se suprime la facultad de las comunidades autónomas para aumentar o reducir la superficie en virtud de la cual podrán establecerse o autorizarse un régimen especial de horarios.
Otro de los reparos del Gobierno de Canarias se basa en que los criterios que fija el Estado para que las autonomías determinen las zonas de gran afluencia turística dejan a éstas reducidas a simples órganos ejecutivos con respecto a lo legislado por el Estado y que se pierde la competencia para fijar las temporadas de rebaja y su duración.
