Matos explicó que la intención es que "todos los que tenemos competencias en este ámbito, manejemos toda la información sobre cuál es el procedimiento a seguir ante las peticiones de consumidores que vaya llegando, ya sea a las oficinas radicadas en los municipios o a las de la propia Dirección General".
Según señaló, "el Gobierno de Canarias tiene la firme voluntad de actuar para la defensa y la protección de los consumidores, un propósito que intensificamos ahora que las dos sentencias dictadas recientemente nos permiten actuar desde Consumo contra un tipo de prácticas perjudiciales para los usuarios".
Gustavo Matos recordó que la Dirección General de Consumo ha iniciado una campaña de inspección con la que se pretende detectar cláusulas abusivas para el consumidor aplicadas por las entidades financieras en sus productos, de la que pueden derivarse sanciones de hasta 15.000 euros.
La campaña se extenderá durante los meses de junio y julio y abarcará la totalidad de las entidades financieras que cuentan con oficinas en las Islas. Los inspectores recabarán contratos recientes de productos como créditos al consumo, hipotecas, tarjetas de crédito, swaps o preferentes, para estudiar su contenido y determinar si establecen cláusulas abusivas para el usuario.
Además de las inspecciones que se lleven a cabo, Matos añadió que se tramitarán de la misma forma las denuncias que lleguen a la Dirección General de Consumo, bien a través de particulares o bien a través de las OMIC.
