Según explica Gustavo Matos, estas compañías "ejercen una presión constante, casi de acoso sobre las personas, con mensajes de texto continuos, llamadas a teléfonos personales y amenazas de inclusión en el registro de morosos", lo cual coloca al usuario en una situación de indefensión y extrema vulnerabilidad, además de limitar de manera importante su acceso a préstamos o cualquier financiación externa. Matos señala, además, que en muchas ocasiones el consumidor no abona determinadas facturas porque no está de acuerdo con su contenido, al reclamársele por servicios que no se han contratado o por el cobro por la portabilidad, etc.

Ante esto, el director general recomienda a los consumidores que se dirijan a las oficinas de consumo, en las que se les podrá asesorar sobre la mejor manera de proceder. Además, añade que los consumidores pueden denunciar su caso ante la Agencia Nacional de Protección de Datos.

Gustavo Matos recomienda también a los consumidores que cuando reciban una llamada de estas empresas de cobro de deudas pidan que se identifique claramente tanto la empresa como la persona con la que habla. Además, aconseja demandar a quien le llama que acredite cómo ha conseguido sus datos e incluso, reclamarle el documento firmado por el usuario en el que "teóricamente" ha dado su autorización para ceder sus datos a otra empresa distinta a la que contrató sus servicios de telefonía.

Con todo ello se puede acudir a la Agencia Nacional de Protección de Datos, "que tiene una página web y un procedimiento muy sencillo para los usuarios", señala Matos.