La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias ha iniciado una campaña de control del etiquetado de los juguetes que se encuentran a la venta en establecimientos comerciales que no se dedican específicamente a la venta de este tipo de artículos, con el fin de comprobar que la información que ofrecen al consumidor se ajusta a las normas existentes y si los productos cumplen los requisitos de seguridad exigidos.
Gustavo Matos, director general de Comercio y Consumo, explica que está previsto realizar un total de 40 controles hasta el próximo 5 de enero. "Se inspeccionarán, especialmente, productos importados de países no pertenecientes a la Unión Europea, es decir, se verificará que en el etiquetado figure toda la información necesaria, como la identificación del responsable de la puesta del producto en el mercado del producto, las advertencias obligatorias, las instrucciones de uso y la marca distintiva CE. Además, se comprobará que todo ello esté escrito en castellano", señala.
El director general destaca la importancia de llevar a cabo este tipo de controles, especialmente en el periodo navideño, época en la que se oferta muchísima mercancía que, en ocasiones, no cumple los requisitos legales precisos. De hecho, Gustavo Matos recuerda que "durante la campaña que realizamos el año pasado en estas mismas fechas detectamos irregularidades en el 64 por ciento de los juguetes dirigidos a menores de 3 años que inspeccionamos e iniciamos un total de 27 expedientes sancionadores".
Por tanto, Matos incide, además, en que "todos los agentes involucrados en la venta y adquisición deben cumplir las exigencias de etiquetado y seguridad, pero también es importante que los consumidores conozcan la normativa para que puedan exigir su cumplimiento o, al menos, saber que lo que compran tiene todas las garantías, especialmente cuando el producto va destinado a la población infantil".
El director señala, por último, que la semana pasada se retiraron de la venta unas trompetas de juguete en las islas de Tenerife y Gran Canaria, tras una notificación de la Red de Alerta Nacional por riesgos para la seguridad de los consumidores.
