De buenas a primeras, el miércoles 13 de mayo, se publica el Real Decreto-Ley 18/2020, en virtud del cual el Gobierno cambia las condiciones de cotización que venían rigiendo hasta el momento para el personal afecto a los ERTES por fuerza mayor, donde las empresas de menos de 50 trabajadores estaban exentas de la cotización empresarial. Es decir, DIAS DESPUÉS de que los pequeños bares y restaurantes abriesen. Utilizando el tópico de que iniciado el partido se cambian las reglas, pues lo mismo.
De acuerdo con esta nueva situación, las empresas que han reabierto pasan a situación de ERTE parcial y con ello, se les exige cotizar, tanto por los trabajadores en activo (el 15% en mayo y el 30% en junio), como por los que mantiene en el ERTE, con el contrato suspendido (el 40% en mayo y el 55% en junio). Para las empresas de 50 ó más trabajadores, la situación es todavía peor: para los trabajadores en activo, el 40% en mayo y el 55% en junio; para los inactivos, el 55% en mayo y el 70% en junio
Ahora, los hosteleros se encuentran que no les salen las cuentas. Microempresas familiares abocadas al cierre de sus negocios o a endeudarse más y en determinados municipios, como Las palmas de Gran Canaria, con una Corporación Local que les ha dado la espalda, sin más, restringiendo las superficies de las terrazas, más allá de lo que dicta el gobierno y sin ofrecer incentivos claros y directos a la actividad.
La indignación de los empresarios no puede ser mayor. Ahora el sector se ve en una situación límite, si no lo estaba ya. Las empresas que hicieron números para la reapertura, están viendo que no ha servido para nada y lo peor es el drama agravado para muchas familias que dependen de un sueldo, donde a la crítica situación que han estado sufriendo, cuando se vislumbraba un atisbo de poder recuperar sus maltrechas economías, se encuentran al borde del abismo. Un despropósito.