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04 May

Los trabajadores de la Administración autonómica en Las Palmas propondrán a la asamblea tinerfeña convocar una huelga

Entre las actuaciones acordadas en Gran Canaria, se encuentran una serie de concentraciones ordinarias frente a los edificios emblemáticos de la Institución autonómica, que tendrán carácter especial los días y a la hora en que se celebre un Consejo de de Gobierno en la Isla.

La Asamblea General de empleados públicos de la Administración autonómica en Las Palmas ha acordado hoy trasladar a su homóloga en Santa Cruz de Tenerife, que se celebrará el 10 de marzo,

una serie de medidas a adoptar frente al recorte salarial del cinco por ciento y la subida impositiva anunciada por el Gobierno de Canarias, entre las que se encuentra una convocatoria de huelga que tendría lugar entre el presente y el próximo mes.

Al encuentro celebrado esta mañana en Las Palmas de Gran Canaria acudieron centenares de empleados públicos y estuvieron presentes los representantes en la Administración canaria de Intersindical Canaria (IC), Comisiones de Base de Canarias (Cobas), Comisiones Obreras (CCOO), Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), UGT, Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), Sindicato Independiente Canario (SIC) y Convergencia Sindical Canaria (CSC).

El representante de Sepca, Manuel González, señaló a ACN Press que previsiblemente, ambas asambleas concretarán las medidas a adoptar el próximo viernes y manifestó que las personas que acudieron a la asamblea "se mostraron muy indignadas y mostraron su propósito de mandar un mensaje de reacción".

Entre las actuaciones que ya se ha acordado llevar a cabo en Gran Canaria, se encuentran una serie de concentraciones ordinarias frente a los edificios emblemáticos de la Institución autonómica, como la Sede de Presidencia, que tendrán carácter especial los días y a la hora en que se celebre un Consejo de de Gobierno en la Isla, indicó González.

Asimismo, adelantó que se propondrá a la asamblea tinerfeña formar una serie de comisiones de trabajo para organizar las movilizaciones y que se exija al Gobierno regional responsabilidades patrimoniales, que supongan "la reclamación de una indemnización por daños y perjuicios a los ciudadanos" por la subida de impuestos y la bajada de los salarios del personal público.

Dichas responsabilidades derivan, según explicó González, de las "malas decisiones y la mala gestión" llevada a cabo por los responsables de la Administración canaria, por "permitir que el presidente, los consejeros y los directores y secretarios generales cobren un sobresueldo y dietas", además de que "se sigan teniendo edificios públicos vacios", entre otros aspectos.

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