Otros 51.754 empleados se vieron afectados por suspensiones de contrato -un 59,6% menos-, mientras que 19.880 estuvieron incluidos en expedientes de reducción de jornada (un 58,4% menos).
La industria, el sector con más afectados
En ese mismo período hubo 6.898 empresas inmersas en un procedimiento de regulación de empleo, lo que supone un 50,4% menos que un año antes, en tanto que el número de expedientes se redujo un 51,5%, hasta quedar en 8.294 procedimientos.
Del total de procedimientos registrados hasta junio, el 93% contaban con acuerdo entre las partes.
La mayor parte de los trabajadores afectados por un ERE hasta junio provenía de la industria (41.571, con un descenso del 60,1% respecto al año anterior) y de los servicios (que recortaron un 57,7% la cifra de trabajadores afectados, hasta sumar 38.382). En la construcción, los afectados totalizaron 10.325 (-52,7%) y en la agricultura, 891 (-34,2%).
Cataluña, País Vasco y Madrid, las autonomías con más afectados
Por comunidades autónomas, todas registraron descensos en los trabajadores afectados por ERE durante el primer semestre.
Las que registraron un mayor número de trabajadores inmersos en regulaciones de empleo hasta junio fueron Cataluña -(con 12.467 trabajadores implicados, -60,8%), País Vasco (con 11.747 afectados, -53,4%), Madrid (con 11.151 implicados, -60,4%) y Andalucía (con 9.442 trabajadores afectados, -40%).
En términos relativos, las autonomías donde más descendieron los trabajadores afectados por ERE fueron Canarias (-74,7%), Asturias (-73%), Cantabria (-68,5%) y Murcia (-67,9%).
La principal novedad introducida en la reforma laboral en relación a los ERE es la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario.
No obstante, la nueva regulación mantiene la necesidad de que se realice un período de consultas con los representantes de los trabajadores, al tiempo que se establece la intervención de la autoridad laboral para garantizar la efectividad de esas consultas, pero sin tener ésta carácter decisorio.
La decisión última será, pues, la del empresario, y como en el caso de los despidos individuales, si no se está de acuerdo, los trabajadores tendrán que impugnarla por la vía judicial.










