Desde un punto de vista propositito, no hay que olvidarse de la corrección del déficit público, sino de su acompasamiento con la estructura económica de cada región. Es por ello que hay que revisar los proyectos de ley de presupuestos con el fin de incrementar los recursos públicos para la inversión, junto a políticas que sostengan el poder adquisitivo de las familias con el objeto de fomentar el consumo así como una tributación con mayores dosis de progresividad fiscal con la finalidad de evitar un mayor deterioro que la cohesión económica y social. En este sentido, la política presupuestaria junto a la desburocratización a la hora generar actividad económica de las administraciones públicas debe erigirse como el principal instrumento a llevar a cabo. De igual modo, el potenciar los coeficientes de arrastres intersectoriales, de forma que sea el que muestra más dinamización desde la perspectiva del empleo e inversión el que potencie la cartera de pedidos del resto que actualmente no posee vitalidad alguna.

Las actuales y futuras medidas, propiciarán un agravamiento en la solvencia de la demanda, lo que provocará un retroceso de los derechos sociales. Este hecho, junto a los obstáculos financieros con los que se encuentran las empresas, ocasionará una importante caída en la rentabilidad de las inversiones. Las reformas estructurales pretenden laminar las relaciones sociales. Se está apostando por un sistema de convivencia que elimina la solidaridad y el consenso y se sustituye por otro en donde el conservadurismo pretende imperar. Es por ello que hay que reclamar al Gobierno la apertura de un proceso de negociación para centrar las políticas públicas en el crecimiento económico y la creación de empleo, en la defensa del modelo social, los servicios públicos esenciales y la cohesión social.

CCOO Canarias