La Instrucción del Gobierno, 2/2012, según defendió nuestra organización sindical, fue indebidamente aplicada por parte de la Administración al cobro de los Incentivos en el año 2012, los cuales correspondían al ejercicio 2011; y cuyos criterios habían sido pactados en ese mismo año, detrayéndose a los trabajadores un porcentaje de los mismos, que en términos globales, aplicados al conjunto del Servicio Canario de la Salud, ascienden a unos seis millones de Euros.
Con esta acción, el gobierno de Canarias, y en contra de su reiterada afirmación de ser contario a los recortes aplicados por el PP, vino a radicalizar aún más las medidas de recorte aplicadas desde el gobierno del Estado español. Los trabajadores de la sanidad pública, han sido los trabajadores públicos más afectados por los recortes laborales y asistenciales decretados indistintamente por los ejecutivos español y canario, llevándoles a una progresiva y drástica precariedad laboral y de medios, y a los pacientes a un evidente descenso en la calidad asistencial que reciben. Mediante la presión y la judicialización de la aplicación de esas medidas, como el caso que ahora nos ocupa, se ha podido moderar esos perniciosos efectos cobre el legado de derechos laborales.
Y es esto lo que denuncia Intersindical Canaria, basándose en el principio que, una norma negativa para el trabajador, no puede ser aplicada con efecto retroactivo, cambiando, aunque sea a través de Ley de Presupuestos, unas condiciones que ya habían sido pactadas. Ahora, los Tribunales de Justicia dan la razón de forma firme, a los planteamientos de nuestra Organización Sindical, estando obligado el Servicio Canario de Salud a proceder al abono de las referidas cuantías.
